Con el propósito de evitar abusos y cobros excesivos por parte de abogados, el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin Durante presentó ante el pleno del Congreso una propuesta para crear una nueva Ley de Arancel Judicial, a través de la cual también pretende actualizar los honorarios de estos profesionistas.
Aunque existe una ley en la materia, ésta tiene una antigüedad de 59 años, por lo que “ya resulta obsoleta con respecto de las cantidades que se establecen, en virtud de que no se ha actualizado esta circunstancia, llevándolo a la inaplicabilidad total y al común abuso de los profesionistas del ramo”.
Sin embargo, la propuesta del otrora magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado establece algunas tarifas por los servicios de abogados; por ejemplo, cobrar por cualquier consulta hasta 13 días de salario mínimo; en juicios civiles y mercantiles, entre 10 y 15 por ciento del valor total fijado en la sentencia; por un escrito de demanda, contestación en que se opongan excepciones y se ofrezcan pruebas o contestación con reconvención, de 10 a 100 salarios; por la simple promoción de un incidente o contestación, de cuatro a 50 salarios y por escritos de pruebas, de 10 a 20 salarios.
No obstante, el diputado de Convergencia aseguró que la iniciativa trata de evitar abusos por parte de los profesionales del ramo, pues “en la actualidad se presentan casos en los que se cobran cantidades de dinero verdaderamente fuera de la realidad que van en detrimento de los interesados, pudiendo llegar al exceso. También existen circunstancias contrarias en las que los clientes no le pagan a los abogados que los asesoran, los patrocinan o los defienden”, reconoció.
Temoltzin Durante enfatizó que con esta iniciativa pretende establecer un arancel que dé mayor seguridad y certeza a los honorarios que deben pagarse a los abogados de las partes cuando no se han pactado expresamente en un contrato de prestación de servicios profesionales, o cuando existe una sentencia de condena.
Por otra parte, el coordinador de la fracción del Partido Socialista, Roberto Núñez Baleón anunció que pedirán que en la Ley de Deuda Pública se establezca la obligación del estado y los municipios de destinar 10 por ciento del monto total del financiamiento al que accedan “para apoyar proyectos del sector social”.
Abundó que la medida busca que la deuda pública no sólo sea destinada a obras de infraestructura, sino “a crear y mejorar las condiciones de los gobernados, por lo que vamos a insistir que ese porcentaje se utilice para proyectos productivos”.
