Desde hace casi 30 años, el tema de las mujeres ha estado presente en los informes presidenciales. Felipe Calderón cumplió con la mención y reiteró el objetivo de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
Treinta años en el papel, sin que se materialice un compromiso real por articular políticas públicas integrales de largo aliento, a fin de impactar positivamente en la calidad de vida del sector femenino y dejar de considerarlas como un grupo subordinado en la división de recursos, responsabilidades, atributos, capacidades y poder.
Cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres cuando más de la mitad de la población asume dobles y hasta triples jornadas de trabajo, sin una remuneración económica equitativa y sin el reconocimiento puntual de su aportación en el desarrollo político, social y económico de la nación, sobre todo porque todavía persiste la idea de que el concepto “hombre” implica progreso y el de “mujer” conservación.
Las mujeres siguen limitadas en el ejercicio y pleno goce de sus derechos. Sí, existen programas gubernamentales que atienden a la población femenina; sí, por primera vez se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, un monto histórico de 7 mil 24 millones de pesos etiquetados en 68 programas que incorporan la perspectiva de género, en el papel luce bastante interesante la cifra, pero implica que por cada mexicana se erogan 0.007716 centavos.
Sí, existen instrumentos jurídicos que garantizan el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pero se carece de la sensibilidad institucional para apoyar a la gran mayoría de mujeres violentadas y discriminadas, que cuando acuden a una institución pública por asesoría y ayuda, son agredidas y juzgadas.
Treinta años y la situación de las mujeres en México se reduce a seis cuartillas de las 514 que conforman el informe presidencial de Felipe Calderón entregado el 1 de septiembre.
