Según se desprende de la información presupuestal para 2009, presentada por el gobierno federal, el gasto programable para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se reducirá, de aprobarse, en 9.4 por ciento; a la Secretaría de la Reforma Agraria, 3.4 por ciento, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 2.5 por ciento, y a los Tribunales Agrarios, el 4.5 por ciento. La reducción del presupuesto en secretarías relacionadas con el sector rural se justifica según los voceros oficiales, por el subejercicio que dichas dependencias han presentado a la fecha y la necesidad de aumentar el gasto en seguridad pública.
Difícilmente el presupuesto de egresos de la Federación deja contentos a todos; finalmente, es un acuerdo político, donde las presiones y conflictos se hacen presentes y la fuerza o fortaleza de los diversos sectores y actores de actividad económica se dejan sentir.
No hay de duda que desde las esferas del gobierno federal, la política de desmantelamiento del campo ha sido consistente, y el movimiento social no ha tenido la fuerza para modificarla, aunque desde las distintas regiones y comunidades del país existe un empuje cada vez más presente por la necesidad de cambios.
Incluso en plena crisis alimentaria la política no ha variado; no se trata de potenciar y de fortalecer las condiciones de producción de la agricultura campesina y familiar, sino de liberalizar todavía más el abasto, basado en la importación, sacrificando la seguridad alimentaria.
No es casual el subejercicio; algunas razones del mismo se relacionan con la ineficiente operatividad del aparato gubernamental y con la normatividad, pero sobre todo con la falta de sensibilidad en relación a las necesidades de los productores que deberían constituirse en beneficiarios de los mismos.
Hay recursos para lo que el gobierno federal y/o estatal decidió, por ejemplo para el pago de la deuda externa, no para lo que los productores necesitan. Esa es parte de la historia añeja que se refrenda cada año y que se constituye en el principal mecanismo de exclusión de los programas de gobierno de una parte mayoritaria de productores rurales.
