Virginia y Ana Laura Galindo Lima y Dolores Rojas Ramírez, vecinas de un inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo (primer cuadro de la ciudad), zona conocida como el antiguo panteón de El Carmen, denunciaron, a través de su abogado Alejandro Camarillo Beristain, que altos funcionarios de la Comuna permitieron el inicio, sin su consentimiento, de trabajos en una de las bardas de ese viejo edificio.
“Hablamos del edificio del ex panteón El Carmen. Ellas mantienen la posesión del área desde hace 25 años cuando la instancia federal correspondiente entregó esa custodia. Ayer miércoles llegó hasta el lugar el director de Gobernación, Josué Chávez Castañeda para presentarles por escrito un acuerdo que pretendía conseguir la autorización de las familias para llevar a cabo las obras. Además, el texto estipula que concluidas las obras, deberán desocupar”, explicó Camarillo durante una entrevista.
Según Alejandro Camarillo Beristain, el pacto propuesto por las autoridades no está planteado correctamente. “Y voy a decirte las razones: los representantes del gobierno de Atlixco insisten en contar con un expediente que garantiza el resguardo a su favor. Pero en la realidad no es así. Logramos reunirnos ayer mismo con algunos funcionarios, como el responsable de Desarrollo Urbano y Ecología, Jesús Aroche Ramos, con el fin de solicitar la suspensión de todo. No ocurrió así porque casi está completado el hueco en la pared para el acceso”.
El abogado dijo estar dispuesto a negociar con los burócratas “siempre y cuando garanticen a mis defendidos reubicarlas dignamente, y en un sitio en donde el ayuntamiento pueda apoyarlos para adquirir una casa a las tres familias”. En el gobierno del panista Salvador Escobedo, recordó Alejandro Camarillo, algo similar estuvo a punto de ocurrir.
“En esa época no procedió el intento porque de igual manera las posibles afectadas solicitaron al entonces alcalde acreditar el resguardo. No logró hacerlo Salvador Escobedo. Es muy claro que el ayuntamiento no tiene facultades. La única manera de un desalojo es que la instancia federal adecuada pida el edificio a los involucrados. Y eso no sucederá”, comentó Camarillo.
La preocupación del caso, anexó el abogado, es que a pesar de los intentos por detener los trabajos, “los albañiles prosiguen con la orden. Sin duda, ellas están en ese riesgo. Únicamente queremos el respeto del Estado de Derecho”.
Una de las afectadas, Virginia Galindo Lima, comentó a La Jornada de Oriente su inconformidad por esa decisión tomada. “No cuenta la autoridad con un papel firmado de nuestra parte para llegar y hacer ese desorden. Qué confianza puedo tener en la noche con un boquete hacia la calle. No voy a estar segura y tranquila. ¿Cómo piensan que podré resguardarme?”.
–¿Qué dijeron las autoridades cuando se acercaron con usted para arrancar las obras?
–Eso... que traían un convenio. Pero resulta que redactaron el papel a su manera. Eso hizo Juan Heriberto Ordóñez Alfaro, quien dijo ser secretario técnico de no se qué, y Josué Gilberto Chávez Castañeda, el director de Gobernación. Querían que lo firmara así nada más, explicó la mujer.
Galindo Lima contó que viven en esa casa desde 1980. “Ya es mucho tiempo. En los tiempos de Salvador Escobedo (1996) intentaron hacer algo igual y no pudieron. Entonces, ¿por qué este señor que apenas tiene poder algunos meses, acude con nosotros y dice que tiene la facultad de sacarnos? Y fírmale. No es justo, en serio”.
–¿Qué pide a la autoridad?
–¿Quieren un mutuo acuerdo?, debe ser legal, y que no resulte en contra nuestra. Eleazar Pérez dice, duro y despacio, en la radio y en todas partes que busca el bienestar de la gente. Aunque con estas acciones demuestra que eso no es cierto.
Finalmente Alejandro Camarillo Beristain explicó cuál fue el motivo para arrancar obras en una de las paredes de ese inmueble. “El argumento es que esa área forma parte del ex convento El Carmen, y que urgen obras, que por ciento no concretan aún en ese edificio. Realmente pretenden ocuparlo, y ya comenzaron por resanarlo”.
