La Ley General para el Control de Tabaco, que entró en vigor el 28 de agosto en todo el país, repercutirá en la salud y en el trabajo de los adictos, advirtió Dulce María Flores Olvera, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Puebla.
En entrevista con este diario, la especialista señaló que la ley antitabaco “es una medida tajante y desigual”, porque sólo está planeada para beneficiar la salud de los no fumadores, pero no de los consumidores.
Flores Olvera señaló que las personas que están acostumbradas a fumar entre una y dos cajetillas al día, al no poder consumir cigarrillos en horas laborales, porque la mayoría trabaja en lugares cerrados, tendrán repercusiones en su salud y en su productividad porque al tener que suprimir la nicotina, sus niveles de estrés y ansiedad aumentarán.
El estrés y ansiedad generan grandes repercusiones en la salud y a la productividad del humano. Por una parte, explicó la psicóloga, a mayor estrés menor rendimiento; a mayor ansiedad, más riesgos de depresión.
Por eso, dijo, para que una persona consumidora de cualquier sustancia adictiva tenga éxito en abandonarla tiene que tener iniciativa propia de abandonarla, pero si se la restringen impositivamente no la dejará, advirtió.
Flores Olvera señaló que si el gobierno de verdad quiere disminuir el tabaquismo, en lugar de hacer legislaciones restrictivas y desiguales, debería de incrementar las campañas de prevención y sensibilización, aumentar las pláticas de orientación y facilitar el acceso a las rehabilitaciones y terapias psicológicas para lograr que las personas adictas al tabaco en realidad se motiven y por su propia voluntad dejen de consumirlo.
Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que las personas entre 18 y 65 años de edad son las que tienen mayor adicción al tabaco, y la mayor parte de este grupo es económicamente activo.
La ley antitabaco fue aprobada por el Senado de la República en febrero de este año; en el DF entró en vigor en abril, y en el restó del país comenzó su aplicación el 28 de agosto.
La legislación prohíbe fumar en espacios públicos cerrados; impone sanciones hasta de 36 días de cárcel a quien no acate la disposición y obliga a las empresas tabacaleras a colocar en las cajetillas imágenes sobre los efectos del consumo de cigarrillos.
En cuanto a las sanciones, considera multas hasta de mil días de salario mínimo para la persona que insista en fumar en sitios públicos; en el caso de los establecimientos, se aplicarán multas de 50 mil días de salario mínimo cuando se viole la legislación, y el cierre del local si hay reincidencia.
