El mes inicia muy mal. Es septiembre, mes de la patria, y los habitantes pobres, rebeldes pero organizados, en lugar de tener oportunidad para organizar la fiesta de celebración del inicio del movimiento de Independencia, son golpeados y padecen la destrucción del vehículo contemporáneo para la difusión de la palabra. Los ciudadanos y el lugar tienen nombres propios: La radio comunitaria de Huajuapan de León, Oaxaca impulsada y trabajada por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus).

No tiene un nombre políticamente correcto. De hecho, su nombre es incorrecto: La Rabiosa. Las compañeras y compañeros que han dejado la piel en este proyecto, son criminalizados, perseguidos y hostigados. Su crimen es grave en el vecino estado, ya que trabajan desde su perspectiva de mixtecos organizados y combativos.

Hace una semana y en este mismo espacio, Claudia Magallanes señaló con todo cuidado el embate de que han sido objeto las mujeres y hombres de Cactus. Si a ellos les tocó el 29 de agosto, para el fin de semana pasado, ya era nota de medios nacionales el anuncio de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confiscaría el equipo de todas las radios piratas que trasmiten en Oaxaca. La especie no proviene de un medio amarillista. La nota fue escuchada en Radio Trece, en la emisión conducida por Javier Solórzano que normalmente atiende y cuida todos los temas relacionados con fenómenos comunicacionales.

Otra vez estamos frente al embate en contra de los ciudadanos organizados. ¿Cómo solidarizarse con estos radieros que están al margen de la ley porque la propia ley se niega a reconocerlos? ¿Será que académicos de México y el mundo están tan equivocados apoyando a trasgresores de la ley? ¿O será más bien que la ley hace oídos sordos a propuestas informadas para poner a tono una ley de medios?

Ésta es una semana muy importante para el ámbito de la comunicación. Ahora mismo se está llevando a cabo la Bienal Iberoamericana de Radio en el Distrito Federal. Esta misma semana, la Revista Mexicana de Comunicación festeja 20 años circulando entre la comunidad interesada en la pluralidad de fenómenos relativos al ejercicio de la antiquísima fórmula emisor–mensaje–receptor. Y esta misma semana se están desarticulando experiencias magníficas de ciudadanos que han tomado los medios en sus propias manos. Manos indígenas, campesinas, trabajadoras. ¿En qué país vivimos? ¿Tenemos alguna independencia que celebrar? Yo tengo mis severas dudas.

Desde hace una semana que recibo por lo menos un mensaje electrónico al día en relación al cierre de radios que se está llevando a cabo en Oaxaca. Me llegan noticias de diversos medios impresos y electrónicos, comunicados de algunas asociaciones involucradas con el tema. También he recibido correos de conocidos aclarándome que los cierres han sido de emisoras que tienen un corte comercial, no comunitario. Al no estar presente no puedo dar testimonio de qué radios se cierran, con qué procedimientos y a qué comunidades y organizaciones afectan. Sin embargo, me parece que el simple hecho de que se estén llevando a cabo estas acciones amerita, por lo menos, el prestar atención a lo que sucede.

¿Por qué? Porque si es cierto que las autoridades están cerrando radios comunitarias en la zona del Istmo lo que están haciendo es contribuyendo al incremento de la pobreza, del subdesarrollo y del aislamiento de las poblaciones más marginadas y olvidadas.

Las radios comunitarias han cumplido un papel fundamental en nuestro continente para luchar en contra de la pobreza y de la marginación. Desde la radio sutatenza en Colombia, pasando por las radios mineras en Bolivia hasta llegar a estaciones como Radio Huayacocotla, La Rabiosa o Radio Totopo, estos proyectos han sido esfuerzos de ciudadanos que se han organizado para responder a las necesidades de su comunidad, necesidades muchas veces no atendidas por instancias gubernamentales. Las radios comunitarias facilitan no solamente la comunicación entre los miembros de una población y entre éstos y las poblaciones aledañas. Las radios sirven también como mecanismos de identidad y de expresión, de conservación y transmisión de la cultura. Las radios comunitarias cumplen también con la función clave de mantener las lenguas propias y de normalizarlas; es decir, de volver el mixe o el totonaco o el náhuatl lenguas que son reproducidas de forma cotidiana.

Las radios comunitarias no son la panacea que erradicará la pobreza. Tampoco son medios que estén ajenos a intereses de individuos, de grupos religiosos e incluso de gobiernos municipales o estatales.  Hay ciertas radios que se refugian en el mal uso de la palabra comunitario y sirven esencialmente a intereses personales y comerciales. Pero aún si éstas fueran las radios que se están clausurando en este momento es algo que nos tiene que importar porque refleja el vacío legal en materia de medios comunitarios en nuestro país y porque nos demuestra que si como audiencias no nos conformamos con la oferta de medios que los consorcios nos ofrece no tenemos derecho a crear nuestros propios contenidos, no tenemos derecho a que se escuche lo que queremos decir. Los cierres de las radios en Oaxaca me tienen que importar porque hablan de mi falta de derecho a la información y a la comunicación como ciudadana mexicana que soy.

México, DF; jueves 04 de septiembre de 2008. Ante el cierre de varias emisoras radiofónicas en el estado de Oaxaca y en otras partes del país, las organizaciones firmantes manifestamos que:

Frente al problema del ejercicio de una radiodifusión no permisionada ni concesionada en el país, que tanto preocupa al gobierno federal, aplicar una política de cierre de radios no es la solución de fondo al problema, pues desde hace años existe una legítima demanda de comunidades en situación de vulnerabilidad por ejercer su derecho a la comunicación. Las emisoras que hoy se cierran, tarde o temprano volverán a transmitir: a la sociedad no se le puede callar por la fuerza.

El verdadero problema es que a la ciudadanía se le niega la oportunidad de operar en el ámbito de la legalidad,  lo cual es consecuencia de un marco normativo en materia de radio y televisión que permite una profunda discrecionalidad de las autoridades responsables, situación que ha sido marcada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas a la ley en la materia. Por lo tanto, la verdadera solución consiste en hacer una reforma legislativa que garantice la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en los medios de comunicación de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe remarcar además que el reconocimiento y fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria se encuentra en el reciente Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno federal.

Por otro lado, las organizaciones firmantes nos encontramos profundamente preocupadas por el uso indebido que se ha dado al concepto de “radio comunitaria”, bajo el cual erróneamente se agrupa a todo tipo de emisoras que operan sin concesión o permiso. Dentro de las emisoras que transmiten sin la autorización necesaria existen las de corte religioso, partidista o gremial, por lo que tienen perfiles y fines distintos a los de la radiodifusión comunitaria.

Entendemos que son radios comunitarias aquellas emisoras que surgen de la comunidad para servir a la comunidad y que cuentan con la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación del mismo. Se trata de medios independientes sin fines de lucro, no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso y no son de propiedad de partidos políticos o empresas comerciales, ni están ni controlados por éstos, y que además tienen como trabajo central apoyar los procesos de desarrollo social local y la defensa de los derechos humanos. Las radios comunitarias han demostrado su vocación social y por ello varias de ellas cuentan con autorización para transmitir.

Las organizaciones firmantes no defendemos la ilegalidad ni apoyamos a ningún medio informativo que opte por la vía de la violencia, sino que pugnamos por que existan condiciones equitativas y democráticas para que todos los sectores de la sociedad ejerzan de manera plena su libertad de expresión, garantizando así al mismo tiempo el derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Por ello, conminamos al estado mexicano a dar una solución de fondo para el responsable ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria, y evitar políticas que a lo único que llevan es a la confrontación que en nada beneficia al país.

*Comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC–México