La Comisión de Gobernación del Congreso del estado inició el procedimiento jurídico contra el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de Puebla.
Al término de la sesión, el presidente de esta comisión, Pablo Fernández del Campo, afirmó que ya tienen en sus manos la prueba documental mediante la cuál el funcionario estatal podría ser destituido de su cargo y ser juzgado por las violaciones a las leyes anteriormente referidas.
Informó que Juárez Acevedo está citado para que presente su defensa ante el Congreso del estado el próximo viernes 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, por la presunta responsabilidad de la que se le acusa. Después de esta etapa, el Poder Legislativo tiene 30 días hábiles para el desahogo y la emisión de la revisión de pruebas con los que resolverá si Juárez Acevedo violó la ley. Tal respuesta podría ser emitida entre el 20 y el 24 de octubre.
Juárez Acevedo violó la ley al buscar la presidencia de la CAIP y al mismo tiempo ser secretario general de la asociación política nacional Plataforma Cuatro, situación prohibida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
El legislador priista explicó que ayer, llegó a la Comisión de Gobernación la última prueba documental pública con la cual se consideró que existen razones legales suficientes para presumir que Antonio Juárez sí violó la ley.
La documental pública a la que hizo referencia Fernández del Campo es la resolución que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto al juicio de amparo que promovió Antonio Juárez Acevedo para proteger sus derechos políticos. El máximo tribunal electoral dictaminó que Juárez Acevedo sí es el secretario general de Plataforma Cuatro.
El TEPJF también explicó, en su resolución, que el motivo por cual el acta constitutiva de la asociación política mencionada no se encuentra bajo el resguardo del Instituto Federal Electoral es porque en 1999 los estatutos que marcaban la obligatoriedad de este documento para nombrar al secretario general de Plataforma Cuatro no existían.
Juárez Acevedo defendería su permanencia al frente de la CAIP fundamentándose en que la inexistencia del acta constitutiva probaba que él no era secretario general de Plataforma Cuatro. Sin embargo, el amparo que el mismo funcionario estatal promovió para proteger sus derechos políticos le perjudicó, pues ahí el TEPJF consideró que el acta constitutiva no es necesaria para que él sea el legítimo secretario general de la asociación política.
La resolución del TEPJF al amparo promovido, fue presentada por la fracción parlamentaria del PAN en rueda de prensa y posteriormente entregada a al Comisión de Gobernación. Fernández del Campo explicó que debido a que dicho documento fue entregado con el sello de certificación se convirtió en una prueba documental pública y ésta fue la última que permitió “incoar (iniciar) el procedimiento de responsabilidad administrativa” contra Juárez Acevedo.
Fernández del Campo explicó que la etapa del procedimiento contra el titular de la CAIP apenas se encuentra en la “presunción de la responsabilidad” por lo que no puede prever sanciones hasta que la Comisión de Gobernación resuelva si es culpable de haber engañado al Congreso del estado al buscar la presidencia del órgano garante de la información en Puebla. No obstante, dijo que si el Congreso resuelve en contra de Juárez Acevedo aplicarán sanciones de tipo civil y penal, aunque no especificó cuáles serían.
Por su parte, el coordinador de la fracción panista, Eduardo Rivera Pérez, comentó que con la posible destitución de Juárez Acevedo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones el Congreso del estado deberá atender el nombramiento del nuevo comisionado de Acceso a la Información Pública –pues se acaba el periodo de Buxadé– y el del nuevo presidente.
Cuestionado sobre si Buxadé podría suplir a Juárez Acevedo, respondió que la ley no impide que los actuales consejeros participen en la convocatoria que el Poder Legislativo elaborará para nombrar al nuevo titular de la CAIP.
