El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Rodolfo Igor Archundia Sierra, pretendió soslayar la presencia de bandas del narcotráfico en Puebla arguyendo que no todos los criminales violentos tiene una capacidad de delinquir “tan evolucionada” y por lo tanto no pueden ser considerado como delincuencia organizada.
De esta manera, el funcionario se puso en sintonía con su homólogo de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Ayón Rodríguez, quien en la víspera declaró que había en la entidad delincuentes menores que se hacían pasar por integrantes de Los Zetas, una banda de sicarios distinguida por la brutalidad de sus asesinatos.
Y aunque no han terminado las investigaciones para esclarecer el ataque que sufrieron el pasado lunes un comandante y otros elementos de la Policía Judicial en Tehuacán, Archundia Sierra se aventuró este martes a declarar que el hecho “no fue un atentado sino un hecho fortuito” (sic) que no debe ser atribuido a Los Zetas, ocho de cuyos miembros fueron casi linchados el mes pasado en el municipio de Tlapanalá.
De hecho, pese a que el titular de la Segunda Comandancia de la Policía Judicial, Joel Rosas Trejo, y dos elementos más de esa corporación fueron agredidos en Tehuacán por al menos 20 sujetos que les dispararon desde tres motocicletas y seis camionetas, el procurador consideró que el asunto no puede ser tipificado como obra del crimen organizado.
Incluso intentó responsabilizar del aumento de la violencia a las autoridades encargadas de combatir el tráfico ilegal de armas –a saber, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República–, aduciendo que los delincuentes tienen ahora más facilidad que antaño para hacerse de arsenales poderosos.
El titular de la PGJ admitió, empero, que Tehuacán puede ser parte de una ruta de la delincuencia organizada, aunque en su descargo manifestó que el gobierno estatal tiene absoluto control y garantiza la seguridad de los ciudadanos, porque “se siguen ejecutando órdenes de aprehensión”.
El servidor público expresó que hay tres líneas de investigación por el ataque a judiciales en Tehuacán, pero se negó revelarlas, argumentando que proporcionar información podría alterar las indagatorias.
Las declaraciones del procurador ayer parecieron recuperar el discurso oficial que el gobierno encabezado por el priista Mario Marín Torres sostuvo desde el principio de su gestión hasta julio pasado, presumiendo que Puebla estaba alejado de la violencia que se veía en entidades que padecen los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.
Ese era el argumento preferido del mandatario antes de que aumentaran las ejecuciones en la Sierra Norte, los atentados contra autoridades ministeriales, incluido el ataque contra funcionarios vinculados con el subprocurador Víctor Pérez Dorantes y se confirmara la presencia de Los Zetas en Puebla.
