Las ejecuciones en la Sierra Norte, los “levantados” en el sur de la entidad, la emboscada que este lunes hubo contra policías judiciales en Tehuacán y el atentado contra el subprocurador Víctor Pérez Dorantes, no son hechos aislados ni de la delincuencia común, son intentos para amedrentar a los cuerpos de seguridad pública y procuración de Justicia con el claro propósito que los mandos acaben pactando con el crimen organizado, en especial con alguno de los dos cárteles de los que se cree tienen presencia en territorio poblano.
La anterior es la percepción que tienen integrantes de cuerpos policiacos, en donde empieza a haber preocupación por la espiral de violencia que hay en Puebla. Lo angustiante de esta situación es que las autoridades estatales están optando por el camino equivocado, consistente en negar que en territorio poblano estén avanzando las mafias provenientes del norte del país.
En el mapa delincuencial del país aparece que los cárteles de Sinaloa –comandado por Joaquín Guzmán Loera, alias el “Chapo Guzmán”– y el del Golfo, que tiene como brazo armado a una parte de Los Zetas –ya que esta organización se escindió y un grupo de ellos se pasó con los hermanos Beltrán Leyva–, están operando las rutas que van de Tehuacán a Oaxaca, de la costa de Guerrero a Izúcar de Matamoros, de Morelos al Distrito Federal y de Huauchinango a Nautla, Veracruz.
Con esta condición es claro que tarde o temprano esos grupos delictivos deben operar en territorio poblano ya sea en el trasiego de drogas, en secuestros o asaltos.
Dicha presencia del crimen organizado –dicen quienes conocen en esta materia– hasta ahora no ha generado un cambio importante en los cuerpos de seguridad pública para contrarrestar a dichas bandas.
Los manuales operativos de las corporaciones policíacas no están actualizados, no existe un mapa delincuencial de Puebla que ubique la presencia de grupos peligrosos y los cuerpos de inteligencia se usan únicamente para el espionaje político, en lugar de detectar la actividad de células dedicadas al narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas o los atracos.
Las autoridades estatales parece que van a reaccionar hasta que un importante empresario o un familiar de un político destacado sea una víctima mortal de grupos criminales. Tal parece que únicamente así reaccionan los gobiernos. La administración de Felipe Calderón Hinojosa hasta que le tronó en las manos el caso del niño Fernando Martí se preocupó por querer demostrar cambios profundos en materia de seguridad pública.
Resulta absurdo y desconcertante, que el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Mario Ayón Rodríguez, salga a decir que no hay Zetas en Puebla. Entonces surgen las preguntas:
¿Por qué si no hay Zetas en Puebla, cuando se detuvo a la banda de sicarios que estuvo a punto de ser linchada en Tlapanalá se armó un operativo de 200 policías para resguardarlos en la Academia de Policía?
¿Por qué si no era delincuentes de las mafias del narcotráfico se exigió la intervención de la PGR?
¿Si no hay mafias como las del norte del país, porque se han presentado hechos en que se usan armas como las de los narcotraficantes y los responsables actúan y visten como narcos?
¿Por qué en el atentado contra Víctor Pérez Dorantes se usaron armas que son propias de las mafias del tráfico de armas?
Más penoso resulta que el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodofo Igor Archundia Sierra, de quien se creía que sería un buen funcionario, salga a decir que es “fortuito” que un grupo de agentes de la Policía Judicial sean atacados en Tehuacán por 20 sujetos, que iban a bordo de varias camionetas y motocicletas.
Decir que ese comando era un grupo delictivo común y corriente es un disparate, pues los asaltantes de tiendas o transeúntes no tienen ni ese número de miembros, ni mucho menos de vehículos y armas. Pero sobre todo, que solamente hayan amedrentado a los agentes, que no los hayan matado, es un mensaje de que se trata de una estrategia bien planeada de quien diseño el ataque.
El procurador mucho antes de que se hagan las investigaciones, ya está descartando que se trate de crimen organizado. Este funcionario actúa como lo hacían los improvisados miembros de los ejércitos de la Revolución, que decían: “Primero disparo, y luego investigo”.
En lugar de hacer en ridículo con sus declaraciones, estos dos funcionarios deberían exigir que autoridades municipales, grupos policiacos y la sociedad en general que cierren filas para evitar la penetración del narcotráfico en las estructuras sociales y económicas del estado. Que el crimen organizado no empiece a conquistar el poder político, tal como se ha observado en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y en Sinaloa, por citar algunas entidades.
Cada célula de Los Zetas cuenta por lo menos con 25 integrantes, incluidos los jefes y los encargados de la logística de sus operaciones.
Si en Tlapanalá se detuvieron a ocho sicarios, todo hace suponer que el grupo que actuaba en esa parte de la Mixteca poblana no fue totalmente desarticulado y todavía están en activo otros 17 narcotraficantes. ¿Qué ha pasado con ellos? Las autoridades no lo saben o no saben qué hacer con ellos.
Resulta poco probable que se hayan retirado de territorio poblano los demás integrantes de esa célula. Y es posible que sean los autores de hechos de violencia ocurridos con posterioridad a la detención de los sicarios que estaban en Tlapanalá intentando hacer un ajuste de cuentas en contra de un comerciante.
Pero de que nos debemos preocupar, si “en Puebla no pasa nada”, según el decreto oficial de las autoridades.
