Las negociaciones para solucionar la confrontación entre locatarios del mercado San Diego Manzanilla y militantes de Antorcha Campesina regresaron al ayuntamiento de Puebla. Las partes en conflicto presentarán hoy ante la secretaría General de la Comuna, la documentación con la que acreditan la legal propiedad de locales en dicho centro de abasto.
La mesa de negociación se logró a instancias del gobierno estatal después de que los comerciantes que acusan a los antorchistas de despojo, realizaron un plantón en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, para exigir que la administración encabezada por el priista, Mario Marín Torres, haga efectivo el Estado de Derecho y reconozca la validez de sus escrituras, frente a los documentos “apócrifas” de los afiliados a la organización priista.
Los representantes de la gente que la semana pasada fue agredida por los antorchistas, se entrevistaron ayer con personal de la Secretaría de Gobernación, quienes les propusieron que el asunto volviera a manos de la Comuna. De esta forma, los locatarios y antorchistas expondrán sus documentos para que se determine cuáles son válidos ante la autoridad municipal, bajo la supervisión del Poder Ejecutivo local.
Los comerciantes agraviados no tienen duda de que saldrán triunfantes de la compulsa. Sin embargo, no sólo están exigiendo la devolución de sus locales –de los que fueron despojados violentamente desde el jueves pasado por los antochistas– si no la ejecución de 20 órdenes de aprehensión contra los agresores, entre las que destaca una en contra de su líder, José Gómez Santiago, por fraude.
Asimismo, los locatarios demandan la presencia de un agente del Ministerio Público en el mercado de San Diego Manzanilla, para que constate el robo que, dicen, les han perpetrado las huestes antorchistas.
En un artículo publicado en la página de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, líder de la organización en Puebla, expresó: “El Movimiento Antorchista, una vez más, pide que el gobierno estatal que intervenga, mediante una operación política urgente, para que a los justamente indignados comerciantes de San Diego Manzanilla, se les respete la propiedad del predio destinado a levantar un mercado –y que quieren arrebatarles para hacer negocios inmobiliarios–; que se les apoye para que trabajen en condiciones dignas y se les proteja de la extorsión y las agresiones de (Fernando) Cuéllar (presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro) y su banda” (sic).
