La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sema) hizo que la empresa Alteq S.A. de C.V. y la administración que encabezó Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla se “ajustaran” al Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) para poder construir el complejo Jardines de la Montaña en la zona de La Calera, aseguró el titular de la dependencia estatal, Francisco Castillo.
En una entrevista concedida ayer al mediodía a La Jornada de Oriente, el funcionario de la administración que encabeza Mario Marín Torres contó los pormenores del jaloneo que él y su equipo tuvieron con la compañía que representa quien fuera titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Federico Bautista Alonso, y con altos funcionarios de la Comuna en la gestión pasada, como el secretario general Ignacio Mier Velazco.
De la oposición férrea a un proyecto que, con dolo o sin él, había alterado el PMDUS para permitir la construcción de más viviendas y la separación de las zonas irreductibles –que tenían la mayor densidad arbórea– la Sema “salió victoriosa”, pues logró que el programa original aprobado por la administración dogerista, que planteaba la edificación de 7 mil casas, redujera ese número a 431 moradas y se respetara la integración de las áreas con masa forestal.
Castillo Montemayor empezó la charla –celebrada en las oficinas que su dependencia tiene en Las Ánimas– recordando que en diciembre del año pasado la gente de Alteq, liderada por Federico Bautista Alonso, se presentó en la Sema con la documentación oficial pertinente y autorizada por el ayuntamiento para poder iniciar la construcción de Jardines de la Montaña.
“Traían licencias de construcción, aprobación de uso del suelo, planes de impacto ambiental, todo aprobado por el ayuntamiento que era la única instancia autorizada para dar las aprobaciones correspondientes”, explicó.
Los promotores intentaron capitalizar a su favor un supuesto acto de buena fe: la donación de 50 de las 160 hectáreas que consideraba su proyecto para reservas a favor de la presidencia municipal angelopolitana.
A Castillo y su equipo el ardid no los impresionó, pues sabían que los constructores estaban obligados legalmente a entregar zonas de su propiedad a la Comuna.
Al hacer la revisión de las fotografías aéreas en las que se marcaba con manchas de colores las regiones de donación, el personal de la Sema se percató de que las poligonales consideradas como zonas irreductibles no estaban integradas: las separaban casas, calles, avenidas y otros elementos de infraestructura, con lo que se contravenía las recomendaciones en la materia, las cuales ordenan que las regiones arboladas deben tener continuidad para generar un mejor impacto ambiental.
La Sema de inmediato enteró de las anomalías a la inmobiliaria. Ésta reparó que poseía las autorizaciones de rigor, avaladas entre otros, por José Luis Zeus Moreno Muñoz, a la sazón, director de Planeación Urbana del ayuntamiento dogerista y actual subdirector del mismo departamento, pero en el gobierno que preside Blanca Alcalá Ruiz.
Entonces comenzó el debate. Castillo recuerda que la causa de la empresa no sólo fue defendida por sus socios y representantes, si no por funcionarios de la Comuna que encabezaba Enrique Doger Guerrero, entre ellos uno de sus principales hombres de confianza, Ignacio Mier Velazco, y el titular de la Secretaría de Administración Urbana, Obra Pública y Ecología, Nicolás Fueyo MacDonald, amén del mencionado José Luis Zeus Moreno Muñoz.
“Hubo presiones de muchas partes, por aquí vinieron a dar hasta esos personajes a los que llaman gestores”, manifestó el secretario del Medio Ambiente, aunque, a pregunta expresa, afirmó que nunca hubo intentos de sobornarlo y que en todo momento tuvo el respaldo de Mario Marín para hacer prevalecer la ley.
Como la Sema no cedía ante las presiones de los empresarios y el ayuntamiento dogerista, se concertó una mesa de análisis con los equipos técnicos de las partes en polémica. Se hizo una revisión minuciosa del proyecto contrastándolo con el PMDUS y se confirmó que el primero había alterado las zonas irreductibles integradas para permitir, entre otras cosas, mayor densidad de viviendas.
Los defensores del proyecto, empresarios y servidores públicos, pretextaron que el yerro era consecuencia de la apreciación en las escalas.
Se solicitó la modificación del plan de desarrollo inmobiliario para ajustarlo al PMDUS. Hubo cambio de administración en el ayuntamiento de Puebla y a la llegada de Blanca Alcalá Ruiz se procedió a la clausura de dichas obras. Lo mismo hizo la Sema.
Alteq volvió a presentar su plan, esta vez de acuerdo con el de Desarrollo Municipal Sustentable; por lo pronto, tiene permiso para poder intervenir en sólo 6.1 hectáreas en La Calera.
