Entre los funcionarios de la educación pública reina la confusión y la contradicción. Señalan que las instituciones formadoras de docentes son fábricas de desempleados y hay que cerrarlas, pero otorgan, a diestra y siniestra, registros de validez oficial de estudios (RVOE).
Bajo la perspectiva ideológica, iniciada en la década de los ochenta con el primer gobierno neoliberal, de que todo lo que está en manos del gobierno es malo, burocrático e ineficiente, la entidad deja la prestación de este servicio público bajo las reglas del mercado.
Las universidades e institutos superiores no se fundan como escuelas sin fines de lucro, como ocurre en la mayor parte de las organizaciones que se dedican a la prestación de este servicio en los países desarrollados, aquí son simple y llanamente negocios.
Basta revisar el sitio de internet que apadrinan las direcciones de Educación Superior y la de Incorporación, Revalidación y Equivalencia de la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación Pública para encontrarse con una oferta de 60 licenciaturas, 20 maestrías y dos doctorados que ofrecen 17 instituciones de nivel superior.
Lo que resulta paradójico es que dentro de estos programas, las instituciones a las que se les han otorgado RVOE ofrecen carreras relacionados con las que se pretenden cerrar en las normales: Ciencias de la Educación, Pedagogía y Psicopedagogía, mientras que las solicitudes para educación preescolar y básica están a la espera de registro.
Si las instancias patrocinadoras cumplieran su tarea y revisaran el número de profesores de carrera, los miembros del sistema de investigadores o los programas educativos acreditados o en el Programa Nacional de Posgrado que tiene las instituciones a las que le han otorgado RVOE, se darían cuenta de que son simple changarros en donde el ingeso de recursos es más importante que la oferta de carreras de calidad.
