De acuerdo con la última medición del Índice de Competitividad Estatal, Puebla cayó dos posiciones y se ubicó en el lugar 26. Entre los principales rubros en que la entidad sale mal calificada destacan que aumentó el número de hogares que se sienten inseguros, en la imparcialidad de los jueces del Poder Judicial, en la mala calidad de las instituciones encargadas del aparato de justicia y en no tener gobiernos eficientes y eficaces.
Independientemente de que sería sano conocer mejor la metodología utilizada por el Instituto Mexicano de Competitividad para evaluar 10 indicadores mediante los cuales ofreció los anteriores resultados, es fundamental que las autoridades no desdeñen este tipo de observaciones que unidas a otras evaluaciones, colocan al estado en un franco rezago en diferentes terrenos, de la vida social y económica frente a otras entidades del país.
En especial resulta preocupante que se esté cuestionando a las instituciones encargadas de la justicia, pues el problema de la inseguridad pública que agobia al estado como al resto del país no se va a resolver con el aumento de agentes policiacos, armamentos o el uso de violencia, sino en la medida en que se aplique la legalidad y se reduzca la impunidad.
Lo menos que puede esperarse de parte de los integrantes del gabinete estatal es que su reacción frente a tales observaciones no se traduzca únicamente en intentar refutar los datos que son adversos para el gobierno, sino que estos llamados de atención se traduzcan en la revisión y modificación de políticas públicas en la entidad poblana en diferentes rubros.
