Según el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), Puebla cayó dos posiciones en el índice de competitividad al colocarse en el lugar 26; el rubro con más deficiencias fue el de “Sistema de derecho confiable y objetivo”, ya que el estado se convirtió en el peor calificado en el índice de imparcialidad de los jueces y en el de calidad institucional de la justicia. En el índice de eficiencia en la ejecución de las sentencias, pasó de la posición 3 a la 20; se incrementó 57 por ciento el número de hogares que dijeron sentirse inseguros; y a pesar de haber bajado 4 por ciento el número de delitos por cada 100 mil habitantes, esto no mejoró su calificación, ya que otros estados avanzaron más.
El Índice de Competitividad Estatal 2008 pone a Puebla en el lugar 26 de 32 debido a que nueve de 10 indicadores se ubican por debajo de la media nacional. Sólo en el subíndice “Economía dinámica y estable” tiene una buena calificación, al ocupar el octavo lugar.
En el índice “Gobiernos eficientes y eficaces” se dio la caída más dramática, al pasar del segundo lugar al puesto 25, debido a que perdió 74 por ciento en los ingresos de recaudación como proporción del gasto asociado, al pasar de 34 pesos recaudados por peso gastado en fiscalización a sólo 9 pesos. Se convirtió en el estado con el menor número de respuestas positivas por trámites de gestión empresarial. Su independencia fiscal se redujo 34 por ciento a pesar de disminuir la apertura de un negocio a 46 días.
Aumentó 58 por ciento el cobro por trámites como porcentaje del PIB; dejó la primera posición en el índice de opinión empresarial sobre el marco regulatorio al caer 18 por ciento; el costo de la nómina como porcentaje del gasto total aumentó 6 por ciento; y cayó al penúltimo lugar en transparencia informativa.
En el caso de “Sociedad incluyente, preparada y sana”, Puebla perdió dos posiciones, al bajar al lugar 27 debido a que disminuyó 11 por ciento el tiraje de periódicos diarios en proporción a su población. La población ocupada con estudios superiores y posgrado se redujo 18 por ciento y cayó 99 por ciento la Población Económicamente Activa que ha recibido capacitación.
Gobierno y empresarios se deslindan
Sin embargo, los empresarios y el gobierno se deslindaron de estos resultados, argumentando que cada quien ha hecho lo que le corresponde para mejorar la competitividad en el estado. En el caso de la Secretaría del Trabajo y Competitividad, su titular, Pericles Olivares Flores, recalcó que el estudio fue realizado en 2006, es decir, cuando aún no estaba en el cargo, “sin embargo, no desconocemos los resultados”, añadió.
Olivares Flores destacó que la baja competitividad no es culpa del estado, sino una “responsabilidad compartida” entre los gobiernos, empresarios y sociedad.
