Indudablemente que el llamado a la ciudadanía para manifestarse organizadamente en contra de la creciente violencia en todo el país, es una iniciativa no sólo necesaria y urgente, sino que hay que secundar y llevar hasta sus últimas consecuencias, ya que tal vez permita a la sociedad en su conjunto tomar cartas en el asunto de la inseguridad y la violencia que han sobrepasado ya la capacidad de las instituciones públicas tradicionales.
Sin embargo, no hay que caer en la ingenuidad de creer que frenar la violencia es únicamente cuestión de endurecer las leyes penales, de sacar al Ejército a las calles y de criminalizar toda protesta social o toda muestra de descontento; antes de caer en la postura absurda de exigir a las autoridades “seguridad a toda costa”, hay que reflexionar sobre las verdaderas causas de la violencia que ahora alcanza indistintamente a todos.
El exigir ciegamente al Estado “seguridad a cualquier precio”, implica, paradójicamente, renunciar ella en el sentido en que la respuesta es que bajo el pretexto de facilitar las tareas de seguridad, los ciudadanos tengan que colaborar renunciando a sus garantías individuales y aceptar que hay daños colaterales “normales” como el asesinato “por error” de una familia completa, por militares en Sinaloa, hace algunos meses; o bien la “amable solicitud” de la PFP a la viuda del Dr. Salvador Nava en San Luis Potosí de que aceptara que realizaran un cateo en su casa, sin orden judicial alguna, para demostrar que era “buena ciudadana” y colaboraba en la lucha contra la violencia.
En el contexto social contemporáneo tal parece que se acepta el principio de que la violencia surge y crece por sí sola, aparece de la nada y pone en estado de inseguridad permanente a toda la sociedad.
Pocos ciudadanos se dan cuenta de que la violencia que vivimos es derivada del modelo socioeconómico que se trata de imponer por la fuerza y por la violencia. Pocos se dan cuenta de que el sistema concentra la riqueza en pocas manos.
