Un fuerte rumor empezó a correr ayer en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que augura que pronto, podría caer el primer funcionario de alto nivel como resultado del impacto que causó el caso de la banda de Los Zetas detenidos por pobladores del municipio de Tlapanalá. Se trata del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola.
Se dice que habría malestar contra Hugo Isaac Arzola porque se ha valorado que falló la depuración de la Policía Judicial –que debió realizar desde que llegó al cargo en mayo de 2006–, donde se presume que podría haber infiltrados del crimen organizado y que por esa razón, Los Zetas sintieron que podían negociar protección con altos mandos de la PGJ hacia esta banda armada que está al servicio del cártel de los Beltrán Leyva.
Este lunes, luego de la reunión del gabinete de seguridad pública, hubo un segundo encuentro, al parecer únicamente entre el gobernador Mario Marín Torres, el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, e Isaac Arzola, se acrecentó los rumores de la posible salida del encargado de la policía ministerial.
Los Zetas supusieron –según versiones extraoficiales– que si podían tener contactos en la Policía Judicial, también podrían hacerlo con Víctor Pérez Dorantes, el subprocurador de Averiguaciones Previas, y con Hugo Isaac Arzola, para pactar con ellos protección a la organización, consistente en que si alguno de ellos era detenido pudieran ser liberados con absoluta impunidad.
Al no establecerse los contactos Pérez Dorantes, entonces se decidió un atentado fallido en su contra, que tenía la intención no de matarlo pero si asustarlo.
Los problemas de Hugo Isaac Arzola no se limitan exclusivamente a lo que pasó con Los Zetas, sino que al parecer el funcionario lleva una mala relación con Víctor Pérez Dorantes, el brazo derecho del procurador Radolfo Igor Archundia Sierra.
Desde hace mucho tiempo se sabe que existe revalidad entre ambos por la solución de asuntos difíciles. En especial, Pérez Dorantes siempre ha afirmado que a él le tocan resolver los casos que otros funcionarios de la PGJ no quieren o no pueden resolver. Esa aseveración siempre lleva dedicatoria en contra del director de la Judicial.
En el caso de Los Zetas se ha evidenciado esas diferencias, ya que la Policía Judicial fue relevada de las investigaciones, las cuales estuvieron a cargo de los allegados a Pérez Dorantes.
Cuando los sicarios dedicados a llevar acabo las operaciones del cártel de los Beltrán Leyva fueron retenidos por pobladores de Tlapanalá, el subprocurador fue quien dirigió la operación por la cual los presuntos delincuentes fueron entregados a las autoridades locales, en un papel que le correspondía más a Hugo Isaac Arzola por ser el encargado del cuerpo operativo de la PGJ.
La fama de Hugo Isaac Arzola de ser un eficiente director de la Policía Judicial se dio por haber sido juez y llevar una buena relación con la anterior titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez.
Pero ahora, con la llegada de Rodolfo Igor Archundia, pero sobre todo el ascenso de Pérez Dorantes de director de la Diedo a ser subprocurador, la estrella de Arzola parece estarse opacando.
También hay anomalías en
el Registro Público de
la Propiedad de Tepeaca
El lunes, en este espacio, se narraron algunos de los actos de corrupción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Puebla, el cual es encabezado por José Rafael Machorro Hernández, de quien se dice que “es intocable”.
Esa condición al parecer se debe al tipo de operaciones que ahí se hacen y que están vinculadas a intereses económicos muy poderosos.
Dicha situación no es privativa de la ciudad de Puebla, un correo que llegó al correo de este tecleador denuncia situaciones similares en Tepeaca. Esta es la denuncia:
“Desde el 30 de junio del presente año, duerme el sueño de la justos, la queja presentada en la Fiscalía Anti Corrupción, en contra de la empleada Verónica Muñoz Centeno, dueña y señora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la ciudad de Tepeaca”.
“Esta acusación fue formulada por el abogado Raúl Sánchez íñiguez, quien ha solicitado la intervención de las autoridades, para desmantelar el coto de poder que tiene esta empleada, quien con pleno conocimiento del propio titular del Registro Público, el licenciado Roberto Cid Riubro, le ha puesto precio a todos los trámites que se realizan en dicha oficina y que por ley, deben ser gratuitos”.
“Ejemplos: 200 pesos por escritura, 400 pesos por certificado y 300 pesos por copias de escrituras”.
“Lo curioso es que pese a la existencia de una queja por escrito, con nombre y apellido, la empleada no ha sido cesada, vaya, ni al menos suspendida temporalmente para investigación, que raro, ¿no?”
