La pretensión extendida en la clase política tlaxcalteca de endurecer las penas en contra de violadores y secuestradores hace evidente que los actores en el territorio, al igual que en el resto del país, obedecen a tiempos coyunturales, a líneas discursivas escritas para la ocasión y porque corresponde a un comportamiento “políticamente correcto”.
Se trata de una intención que adolece de voluntad política en virtud del estado de excepción que priva en el sur de la entidad. Tlaxcala se ubica como uno de los estados del país con mayor índice de secuestros, violaciones y desapariciones forzadas. La clase gobernante ve de soslayo este fenómeno.
Se llama trata de blancas o tráfico de personas con fines de esclavitud sexual considerada en la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un delito de lesa humanidad. Cientos de jovencitas desaparecidas por los padrotes, chichifos y califas que actúan con absoluta libertad al amparo de un cobijo que, por su descaro, pareciera venir del poder.
Es el muerto que los gobiernos en turno han tratado de esconder. El discurso oficial niega o ignora con alarmante desdén esta actividad ilegal e inmoral. Evaden la existencia de una estadística negra que refleja el abuso al que son sometidas niñas y adolescentes que son llevadas a los sitios claramente identificados por ser pasos obligados para el turismo sexual.
Hoy que la delincuencia organizada es un tema prioritario en la agenda política nacional por sus innegables implicaciones en términos de gobernabilidad para el país, las autoridades en turno se rasgan las vestiduras.
Mal se ven quienes buscan hoy subirse al discurso de un presidente que confiesa perder el control del país. Resulta a todas luces oportunista el anuncio en el que se ofrece recompensa millonaria a quienes den información por crímenes condenables, o el incremento de penas por el delito de secuestro.
¿No hubiera sido más honroso actuar desde que cientos de mujeres jóvenes y pobres se convirtieron en consumo de los depredadores sexuales?
