Integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), académicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales reprobaron severamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por la mayoría priista en el Congreso local, argumentando que no cumple con los principios del artículo Sexto constitucional para mejorar la rendición de cuentas del gobierno ante la ciudadanía.
Sin duda, la de ayer fue la jornada más crítica de la Primera Semana de Transparencia Municipal que organizó el ayuntamiento de Puebla. No era para menos: en días anteriores los ponentes habían sido en su mayoría autoridades civiles y de la universidad pública, amén de empresarios que hablaron de los “grandes avances” que hay en transparencia en México y Puebla, e hicieron críticas generales y ligeras a la norma vigente en la entidad.
Pero la mesa de este jueves, realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), estuvo integrada por algunas de las personalidades que impulsaron una iniciativa de ley ciudadana, de vanguardia y la cual fue desechada por los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el apoyo de la legisladora de Convergencia, Carolina O’Farrill.
La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé Castelán, criticó la ley en la materia que aprobó el Congreso local, argumentando que tiene al menos tres contradicciones con la Constitución.
Por principio de cuentas, manifestó, falta que más instituciones gubernamentales y administrativas se sujeten a la norma; “la ley mantiene a la CAIP como órgano garante exclusivamente del Poder Ejecutivo, y establece que los poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos de la entidad y los órganos constitucionalmente autónomos deben contar con órganos análogos a la Comisión”.
Otro lastre es la nula independencia del organismo, pues en el artículo 25 de la norma se indica textualmente que “la CAIP es un órgano especializado de la administración pública estatal, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia”; sin embargo, no se le ha dotado de patrimonio propio, lo que la reduce a un órgano desconcentrado y, a lo sumo, auxiliar del Poder Ejecutivo, aseveró.
La tercera contradicción, dijo, es que en los hechos la ley anula el derecho de los ciudadanos a interponer a tiempo su inconformidad con los datos recibidos.
Buxadé explicó: “En el artículo 8 se especifica que la notificación de la disponibilidad de la información debe realizarse en máximo 10 días hábiles después de la presentación de la solicitud, y la información deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles siguientes. El problema es que, de acuerdo con el artículo 37, la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición la información solicitada, no cuando se entregue. Y entre la puesta a disposición y la entrega pueden pasar los 10 días hábiles que son el plazo para que el solicitante pueda interponer el recurso de revisión”.
La comisionada recordó que dichas contradicciones a la Carta Magna y otras irregularidades motivaron una solicitud de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Pudo ser peor”
“La ley quedó con estos tres graves puntos, y con algunos otros que son regresivos, sin llegar a ser inconstitucionales, pero lo cierto es que quedó como quedó gracias a la participación de miembros de la sociedad organizada, concretamente a Cimtra (Ciudadanos por Municipios Transparentes), con sus aportaciones, que se sumaron a algunas propuestas de los diputados de la oposición. Hubo muchas decepciones por el resultado final, pero creo que las personas que intervinieron en el proceso tienen que estar, si no satisfechas, por lo menos contentas con lo logrado. La iniciativa que conocimos antes de las discusiones en comisiones era muy limitada, contenía graves errores, y gracias a la insistencia de la sociedad, a las aportaciones de académicos y especialistas, gracias a las charlas y foros organizados, fue posible colocar en la agenda mediática poblana el tema de la ley y destacar los puntos indeseables que finalmente fueron revertidos. Fue gracias a la participación de diferentes sectores de la sociedad que la ley no es tan mala como se intentaba que fuera”.
La también catedrática de la Universidad de las Américas finalizó diciendo: “Quisiera insistir también en la ciudadanización de las comisiones de transparencia. Son espacios ganados por la sociedad y como sociedad debemos defenderlos. Está mal que hable de mi caso, pero yo soy una persona de extracción académica, sin relación con partidos ni con grupos de poder, que fui elegida comisionada por mi perfil profesional. Personas como yo tienen cabida en estas instituciones ciudadanizadas. Hay que insistir en ello. Hay que defender los espacios ganados como sociedad. Es nuestra responsabilidad hacerlo”.
Por otra parte, José Ojeda, representante de Cimtra en la entidad, consideró que será muy difícil que el ayuntamiento de Puebla refrende la buena calificación que obtuvo en la más reciente evaluación de la organización, porque los criterios de ésta se han adaptado a los preceptos del artículo Sexto constitucional en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información pública.
El también investigador de la UIA dijo que la Comuna angelopolitana ocupa el primer sitio de la entidad en la materia, con una calificación superior a 8 en una escala de 10 puntos. Empero, aseveró, la ley estatal vigente no se homologó a los avances de la Carta Magna nacional y eso dificultará a la presidencia municipal poblana y a otros muchos gobiernos mantener esos niveles de aprobación.
Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, coincidió en las críticas hechas por Buxadé y Ojeda, y consideró que el interés de varios medios de comunicación locales influyó determinantemente en que no se promulgara una ley más retrógrada que la existente.
Antes, al inaugurar el acto, el vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, hizo un reconocimiento público a quienes promovieron la promulgación de la ley ciudadana.
Ante regidores, personal de la Comuna, investigadores, reporteros, estudiantes y con la ausencia de la presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz –quien llegó casi al final del evento porque estaba en una reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública–, el politólogo dijo que el esfuerzo de los impulsores de la iniciativa ciudadana ha sido reconocido no sólo en la localidad, sino el resto del país, y refleja la necesidad de que en México y Puebla la transparencia gubernamental sea mejorada, porque de eso depende el desarrollo de la democracia. “Los ciudadanos debemos interesarnos más en los asuntos públicos para no generar la ruina del Estado”, expresó el también ex rector de la casa de estudios jesuita, parafraseando a Rousseau.
Al cerrar la mesa, Blanca Alcalá Ruiz pidió que los medios de comunicación contextualicen la toma de decisiones del gobierno, porque muchas veces no se comprende que la demora en la realización de obras es resultado del cumplimiento de trámites y procedimientos legales.
Luego aseguró: “No le temo a los temas, me ocupo”, y se comprometió a “continuar avanzando” en materia de transparencia, considerando los criterios de evaluación que tienen las instituciones y organismos especializados.
En su discurso, la alcalde pidió que el Poder Legislativo revise las leyes de obra pública y adquisiciones para agilizar la atención de los ayuntamientos a la ciudadanía; sin embargo, en una entrevista posterior, declinó pedir que los diputados locales revisen la Ley de Transparencia, argumentando que es respetuosa de dicha instancia.
En la mesa de ayer también participaron Blanca Heredia Rubio, directora para México y América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y Rocío Bauza Meneses, coordinadora de la asociación Organizaciones No Gubernamentales, quienes prácticamente dedicaron sus intervenciones a hablar sobre los propósitos y funcionamientos de dichos organismos.
