Los regidores, los síndicos, los presidentes auxiliares y los ediles han convertido las sesiones de los ayuntamientos en arenas de lucha fraticida en la búsqueda por imponer la agenda de gobierno, que se reduce a la repartición del dinero.
La tradición y la costumbre contribuían a mantener la calma, pues la rotación en la ocupación de las candidaturas hacía que los recursos públicos sirvieran para mejorar la comunidad del presidente en turno, en el siguiente periodo a otra comunidad y así continuaba de manera sucesiva.
La transformación de usos y costumbres en formas institucionalizadas de participación, vía los partidos políticos, provocó el rompimiento del acuerdo y convirtió la integración del ayuntamiento en un acuerdo de partidos y no de ciudadanos.
Ello también ha provocado cambios en la concepción de la representación popular, de concebirse como una distinción y un servicio para la comunidad, se ha transformado en una actividad profesional que debe, obligatoriamente, tener un salario.
La definición de los problemas, su jerarquización y la asignación de recursos a los proyectos genera la disputa entre los miembros del ayuntamiento que casi siempre concluye con la asignación de los fondos públicos teniendo como prioridad número uno los salarios de los representantes populares.
A los presidentes municipales constitucionales también les cuesta entender lo que significa ser producto de la democracia y prefieren ceñir su actuación a la idea de que siendo candidatos ganadores, están en la posibilidad de hacer lo que quieran, lo que incrementa y mantiene el nivel de enfrentamiento.
En las sesiones de cabildo nadie escucha a nadie, pero todos están de acuerdo en meterle mano al financiamiento para incrementar sus percepciones. La satisfacción de necesidades sociales esperará la llegada de más recursos federales.
