El gobierno estatal insistió en que sí consignó an-te el Juzgado Cuarto de lo Penal a ocho personas vinculadas a la banda de narcotraficantes conocida como Los Zetas, y contradijo así al titular de es-ta instancia, Alberto Miranda Guerra, quien afirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) úni-camente le entregó a siete presuntos sicarios.
Mario Montero Serrano, secretario de Gober-nación estatal, explicó en una entrevista que la con-fusión sobre el número de detenidos se debió a que siete están acusados por los mismos delitos y el octavo enfrentará cargos “de otra índole”, aun-que en ninguno de ambos casos precisó las impu-taciones. También adelantó que se estaba gestio-nando el traslado de éstos a una cárcel de alta seguridad, fuera del territorio poblano.
A pregunta expresa, negó que la Procuraduría General de Justicia indague al presidente municipal de Tlapanalá, José Villalba Rosas, por estar supuestmente relacionado con bandas de se-cuestradores y narcotraficantes. “No hay investigaciones especiales contra presidentes municipales”, aseveró el responsable de la política interior en la entidad.
Y en un cambio radical de su discurso, Mario Montero dijo que desde que Los Zetas estuvieron a punto de ser linchados hace dos semanas en Tlapanalá, él ya había advertido que era posible la presencia del crimen organizado en la entidad.
Por otra parte, el procurador General de Justi-cia, Rodolfo Igor Archundia, visiblemente molesto, expresó en otra entrevista que no quería hacer nin-gún comentario sobre lo que dijo el juez Cuarto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra, quien confirmó que los detenidos son integrantes de Los Zetas:
“Son declaraciones del juez, no puedo hablar sobre declaraciones que se hacen a la prensa, yo solamente me ajusto a lo que está en un proceso y está en el papel del expediente, no puedo ha-blar sobre declaraciones a prensa, no puedo ha-cer ningún comentario, discúlpenme”.
