Entre los mexicanos existe una creciente insatisfacción sobre la democracia neoliberal, que pretende reducir al sufragio todo el proceso democrático mientras los ciudadanos demandan mayor participación en el debate nacional sobre todas aquellas cuestiones y decisiones que pueden definir el rumbo del país. Cada vez le cuesta más y más trabajo a las clases gobernantes mantener en silencio a los ciudadanos.
Y esto no es todo: también se ha generalizado la desconfianza de los ciudadanos sobre los actores sociales que monopolizan el quehacer político, concebido en México como campo exclusivo de profesionales de la política empeñados en conservar las instituciones y las reglas que los mantienen como servidores al verdadero poder. En cambio, muchos mexicanos han empezado a convertir a la política en actividad cotidiana y participativa que se convierte en instrumento empeñado en cambiar todo aquello que sea necesario cambiar si eso contribuye a transformar al país.
A la insatisfacción en la democracia neoliberal y la creciente desconfianza en los actores que la sostienen se agrega el déficit social que el neoliberalismo tiene en nuestro país, déficit referido no sólo a la falta de crecimiento económico sostenido que resuelva las aspiraciones populares al bienestar, sino también a la cancelación de procesos permanentes y progresivos de inclusión, integración y movilidad social. En realidad, nada de eso ocurre hoy en el país, por el contrario la sociedad mexicana es cada vez más excluyente, desintegrada y ofrece escasa movilidad social.
Otro factor que cuestiona al régimen neoliberal que encabeza Felipe Calderón, es el debilitamiento del Estado de derecho provocado por la aparición y la fuerza adquirida por los “poderes privatizados” (o fácticos), en algunos casos convertidos, ya, en especie de gobierno paralelo. El narcotráfico y el crimen organizado, por ejemplo, disponen de una considerable capacidad para competir con el monopolio legal de la violencia, que sólo corresponde ejercer al gobierno. Actualmente, los narcotraficantes ocupan determinados espacios donde imponen su propia legalidad mediante la generación de mecanismos de coerción y corrupción, o la difusión del miedo entre la población. La guerra que Calderón decía iba ganando el gobierno, se está convirtiendo en un estrepitoso fracaso que ahora la quiere endosar a toda la República Mexicana.
Entre otros poderes fácticos o “privatizados”, se puede mencionar a las organizaciones secretas de la ultraderecha, a los grupos empresariales y los monopolios de la comunicación, que se han constituido en actores políticos que al tiempo de proclamar la democracia la desvirtúan para ponerla a al servicio de sus intereses facciosos. La ultraderecha ocupa, hoy, cada vez más espacio del poder real y no sólo en el gobierno federal. En Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, en Los Pinos y en muchas otras partes del país, los miembros de la ultraderecha se han convertido en factores reales de poder, que toman decisiones e imponen sus valores y cultura retrogradas. De hecho, la guanajuatización del país comenzó hace tiempo y sólo la resistencia popular ha podido, en cierta medida, frenarla.
De la misma manera, los medios de comunicación y los empresarios, con la complicidad de quienes se apoderaron del gobierno mediante el fraude electoral que no se olvida, dirigen hoy la política y el rumbo del país dejando pocos espacios a la vida democrática que si se mantiene es gracias a la tozudez del movimiento social y de Andrés Manuel López Obrador que sostienen una desigual batalla por impedir que se imponga de plano la política que pretende entregar los recursos naturales del país a los intereses del capital. Gracias a esa firmeza del movimiento social y del indeclinable liderazgo de López Obrador, el rumbo del país no se ha extraviado del todo y se mantiene viva la esperanza de que las cosas puedan cambiar en un futuro cercano, a pesar de la derecha y de tanto Chucho ansioso por seguir mostrando su lealtad y vocación de servicio a las instituciones, incluida la presidencia de la República.
Hágame usted el favor
Definición socialdemócrata: “Se acepta la inversión privada en las actividades petroleras que son de la exclusiva competencia del Estado mexicano.” Se trata de socializar los costos y privatizar las ganancias...
Primero, Mouriño nos sale con que las deficiencias en el combate contra la delincuencia organizada se deben a la falta de coordinación entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal; luego, se dice que Marcelo Ebrard se resiste a coordinarse con el Ejecutivo, lo que debilita el combate a la delincuencia; en consecuencia: Marcelo Ebrard es el responsable del aumento de la violencia en Chihuahua, en Sinaloa y en todas partes del de la República...
Fue tan improvisado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto pasado, que en el texto final impreso había 75 propuestas pero en plena reunión el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, suprimió todo el punto 51 que obligaba a los gobernadores a someterse a diversas autoridades federales, así que sólo quedaron 74 propuestas; y no fue todo, resulta desalentador que se estipule en el acuerdo que el gobierno federal necesita ¡seis meses! para diseñar una estrategia antisecuestros o saber que la Secretaría de Seguridad Pública y la de Gobernación emplearán un año: “En diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”. A este paso tendrán todo listo cuando ya no haya país...
Me llegó un correo que transcribo: “El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia más bien parece una broma grotesca cuando el citado acuerdo tiene como “testigos de honor” a personajes tan conocidos en nuestro país, no precisamente por su legalidad y honorabilidad. Gordillo, Romero Deschamps, Ulises, el precioso Marín, Mouriño, Calderón, excelentes garantes de “legalidad y justicia”. Mejor imposible. Algunos mexicanos tenemos memoria señores. Profesora Virginia González Melgarejo.”
