Hay muchas inseguridades en la sociedad; una de ellas es la alimentaria: la ausencia de recursos monetarios margina a decenas de millones de habitantes de los nutrientes básicos para su reproducción: desnutridos y subalimentados deambulan por donde nadie los quiere ver, es-cuchar, tocar ni oler. Ahí están para vergüenza de los gobernantes, de sus políticas y políticos y de aquellos que les imponen esas estrategias. De esas inseguridades nadie habla, opina ni or-ganiza marchas de indignación ni clama por la renuncia de los ineptos y los corruptos.
Hay inseguridad laboral por la ausencia de normatividad, por el contubernio de sindicatos, patrones y gobierno; por la desdibujada presencia de agrupamientos gremiales reivindicatorios de los derechos laborales y, por el nulo crecimiento de la oferta. Hay inseguridad social al no disponer de médicos, medicamentos y hospitales que prevengan las enfermedades para las cuales hay ya cura y solución. Hay inseguridad a la educación por la insuficiente oferta pública y la falta de estímulos para acudir y permanecer en esos sistemas. Hay inseguridad para gozar una vida digna; hay inseguridad para elegir libremente a nuestros gobernantes; hay inseguridad para ser escuchados; hay inseguridad pa-ra salvaguardar el Estado de Derecho y la vigencia de la norma Constitucional. Hay muchas inseguridades, pero la más difundi-da es la inseguridad de nuestra integridad física y del patrimonio.
Cualquier indicador de inseguridad pública de este año es su-perior al del inicio del sexenio de Felipe Calderón o al de Vicente Fox y no solamente por que ahora somos más, sino por que se han intensificado con relación a la población. Hay más secuestros, asaltos físicos a personas, robos de autos, asaltos a casa o co-mercios, delitos contra la salud, asesinatos violentos y más muer-tes por el ejercicio del periodismo. Las acciones sindicadas en-tre diferentes dependencias públicas para afrontar estos delitos nunca se han dado; el Ejecutivo federal no se ha percato que su gabinete de seguridad debe de participar en ese tipo de acciones, que él no es un cronista radicado de Los Pinos, sino el principal responsable de encabezar esa lucha. No sólo él, también los otros niveles de gobierno y los poderes de la Unión, los medios de co-municación, las iglesias, las escuelas y colegios, los partidos y organizaciones sociales y políticas y, los ciudadanos; todos tenemos diferente nivel de competencia y responsabilidad. Denun-ciar el delito y a los delincuentes es un buen avance, pero poco sirve si las instituciones abocadas a impartir justicia son corruptas, ineficientes, anacrónicas, mal preparadas y peor pagadas.
La inseguridad pública es el mal de todos, tanto de aquellos secuestrados por rescates multimillonarios como de los famélicos de a pie atropellados cotidianamente por los policías municipales y estatales por un lado y, por la otra, por los delincuentes periféricos que los despojan de sus harapos. Si 10 es la máxima inseguridad pública posible, estamos en ocho; si 10 es el má-xima nivel de corrupción, estamos en ocho. La inseguridad es co-lateral a la corrupción y no puede enfrentarse a la primera con los aparatos corruptos creados para vigilar y castigar a los ciudadanos y no para salvaguardarlos. Felipe Calderón tiene una calificación de 6.4 puntos en su desempeño contra la inseguridad y Mario Marín, de 5.7 puntos. No obstante la magnitud del proble-ma, dos de cada tres ciudadanos del municipio de Puebla cree que los delitos hay que prevenirlos más que castigarlos o combatirlos, que lo más importante es erradicar las multicausales que lo ge-neran y no la vendetta ni el jugar a las vencidas. La lucha contra el crimen organizado la vamos perdiendo y seguiremos por esa vía si no hay la prevención del delito y una acción organizada por todas las instancias de los poderes involucradas en la seguridad.
En el municipio de Puebla percibimos que este año hay más inseguridad que en el anterior, que al menos a uno de cada 10 ciu-dadanos le han exigido un soborno para gestionar un trámite, a uno de cada cuatro ciudadanos lo ha extorsionado la Policía Municipal; a dos de cada cinco lo han asaltado o robado y uno de cada dos relaciona el incremento de la inseguridad con el desempleo y la pobreza que lacera a la mayor parte de la población. Además, dos de cada tres ciudadanos asocia la inseguridad al mal gobierno, a los corruptos e ineficientes policías y conside-ran que la judicial del estado es deshonesta e ineficiente. Desva-lorizadas las instituciones encargas de aplicar la justicia es difícil que se denuncie el delito, hay que dar garantías de cumplimiento y honestidad y esa renovación moral no se dio con el go-bierno de los panistas, sino todo lo contrario. Los ciudadanos del municipio de Puebla (88 por ciento) coinciden con el empresario Marti, padre del joven secuestrado y asesinado: quien no pue-da con el cargo, que renuncie, es corrupción cobrar y no atender las funciones de la investidura.
