Hace cinco días se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El día de ayer, después de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor en todo el país. A través de 74 metas se pretende enfrentar la violencia que ha desencadenado el crimen organizado en nuestro país.
Por parte del estado de Tlaxcala el Acuerdo fue firmado por el gobernador Héctor Ortiz Ortiz, ante lo cual nos preguntamos: ¿es finalmente la firma de este Acuerdo un reconocimiento de que en nuestro estado sí existe inseguridad?, ¿o simplemente un trámite de buena voluntad para acceder a una mayor cantidad de recursos federales?
No debiera tratarse sólo de un acto de buena voluntad, pues no basta para enfrentar los problemas de inseguridad que nos aquejan. Para enfrentar los problemas de la delincuencia organizada que estamos viviendo es necesario reconocer su existencia, estudiarlos de manera particular, proponer acciones coordinadas que vayan a las causas y no simplemente a las consecuencias.
No se trata sólo de ofrecer recompensas frente a casos particulares de secuestros, sino de reconocer que dichos delitos tienen sus causas profundas en la falta de capacidad de los sistemas de procuración de justicia, en la incapacidad de actuar eficazmente, en la corrupción que beneficia económicamente a los delincuentes y a las autoridades coludidas. A eso se suma por supuesto que cada día grandes sectores de la población tienen menos oportunidades de desarrollo, menor capacidad de compra y de acceso a la educación.
En nuestro estado hemos visto como sistemáticamente se tiende a minimizar las problemáticas; que si la trata de personas no es grave, siendo tan conocido que el sur del estado alberga a un gran número de tratantes organizados en redes perfectamente establecidas; que si los secuestros no son tan alarmantes, simplemente los métodos para sistematizar la información no están homologados, como lo mencionó el secretario de Gobierno.
Ayer, Guillermo Gutiérrez Romero, de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, dio a conocer que Tlaxcala, a partir de 2001, acumula alrededor de 2 mil denuncias, curiosamente San Miguel Tenancingo es uno de los municipios donde se presenta esta situación, curioso porque es allí también donde se establece la principal red de tratantes. Y no nos extrañaría que en los siguientes días la declaración sea minimizada.
Este tipo de discursos genera socialmente que la violencia se instale como un estado normal, es decir, como sucesos recurrentes frente a los cuales no debemos asustarnos, prevenirnos e indignarnos, sino que es necesario exigir soluciones de fondo pues aparentemente no son de suma gravedad. Esta actitud provoca cansancio y desconfianza frente a la denuncia particular o social que hace la población.
Paradójicamente el Acuerdo Nacional por la Seguridad pretende, dentro de sus lineamientos, promover entre los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana. Quienes hemos impulsado la iniciativa popular frente a la trata de personas en Tlaxcala sabemos lo difícil que es promover estos elementos, pues se requiere por lo menos de cuatro condiciones fundamentales para incentivar la denuncia.
Primero. Que los responsables de la procuración de justicia tengan claro el tipo de delito que se está persiguiendo para no confundirlo con otros delitos; por ejemplo, la trata con lenocinio.
Segundo. Para los casos de delincuencia organizada las víctimas deben tener una atención integral, y es fundamental que se les garantice la seguridad tanto a ellos como a sus familias, lo cual lleva implícito la existencia de refugios.
Tercero. Que la ciudadanía conozca la existencia de los delitos y los mecanismos de denuncia, protección e impartición de justicia.
Cuarto. La garantía de que el proceso judicial no estará viciado ni corrompido.
Reconozcámoslo, hasta el día de hoy no contamos con estas condiciones mínimas para animar a la ciudadanía para que denuncie los diversos casos de delincuencia organizada que existen en nuestro estado. Y es precisamente sobre estos elementos que el gobierno local debe empezar a trabajar, de nada servirá la inversión de grandes cantidades en spots si a la ciudadanía no se le garantiza por lo menos los elementos que hemos enunciado.
El Acuerdo Nacional aplicará un observatorio ciudadano en el ámbito federal que plantea sea plural y representativo de los distintos sectores de la sociedad, que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia. Las acciones de la sociedad civil organizada han sido fundamentales para visibilizar las diversas problemáticas de delincuencia que vivimos en Tlaxcala, habría que ir pensando cómo a nivel local, esta sociedad civil que durante años hemos estado exigiendo y proponiendo acciones frente a la delincuencia (ya sea trata de personas, secuestro, robo de infantes, feminicidios), nos vamos organizando para generar también mecanismos de observación que nos permitan medir con objetividad qué tanto vamos avanzando.
Al haber firmado el gobernador el Acuerdo Nacional, reconoce que la seguridad es una responsabilidad del Estado. Esperamos que de igual forma reconozca la legitimidad de nuestras demandas, ciudadana y pública, frente a la violencia que nos aqueja.
