La presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtió que si el gobierno federal continúa mandando fondos a los ayuntamientos y estados en los meses de julio y agosto, tal como ahora ocurre, los programas de obra pública seguirán estando atrasados, pues muchas veces los proyectos están programados para ser concluidos en noviembre.
Por esa razón, se manifestó a favor de un cambio de fondo en las reglas de operación del gobierno federal, en concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que los ayuntamientos del país reciban mayores recursos para obra pública y con la debida anticipación.
La edil reconoció que para el final del segundo semestre de este año, la capital del estado requerirá de una inversión mínima de 500 millones de pesos para satisfacer las necesidades de infraestructura básica como pavimentación, alumbrado público, banquetas, guarniciones y áreas verdes.
En entrevista previa a su participación en la reunión que diputados federales integran la Comisión de Hacienda del Congreso tuvieron con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, Alcalá Ruiz rechazó un posible retraso premeditado de dinero de esa dependencia a los gobiernos emanados del PRI, y que esto se deba a una revancha política.
“Primero las necesidades de la población antes que politizar recursos federales”, sostuvo la edil.
Por el contrario, la presidente municipal dijo que su participación en la reunión obedeció a un acercamiento con los legisladores con el fin de presentarles propuestas para el reparto del dinero federal, y que éste tenga impacto real en obras públicas.
Subrayó que hasta ahora su administración se ha hecho allegar de recursos adicionales debido a esquemas financieros propios, como la reducción de la deuda pública municipal, lo que le ha permitido contar con fondos por 100 millones de pesos que no estaban presupuestados.
Sin embargo, recordó que mientras los recursos federales se sigan enviando a los estados y los municipios entre julio y agosto las obras seguirán sin haberse concluido, pues en muchos casos deben ser entregadas en noviembre debido a los tiempos de licitación que marca la ley.
“Nos enfrentamos a tiempos en donde es necesario revisar las reglas de operación y los ciclos de inversión; hay muchos temas que son de carácter estructural y que ahí es donde tenemos que centrar la discusión. Quiero pensar que aquellos tiempos de clientelismo y de asuntos evidentemente partidizados ya fueron superados. He encontrado disposición de las autoridades federales”, sostuvo.
