El próximo jueves 28 de agosto el Consejo Estatal de Seguridad Pública tendrá una sesión con carácter de extraordinaria para analizar las medidas que se pondrán en marcha con la finalidad de frenar la delincuencia común y la incursión del crimen organizado en la entidad.
Dicha reunión se dará a dos semanas de que se confirmara la presencia de la sanguinaria banda de Los Zetas –aliada en tráfico de drogas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva– y del atentado que sufrieron funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, cercanos al subprocurador Víctor Pérez Dorantes.
Hasta el momento las autoridades ministeriales y judiciales no han determinado si la llegada de Los Zetas, quienes iban a ser linchados en el municipio de Tlapanalá, está relacionado con el atentado que sufrieron Juan Carlos Arizmendi Salazar, agente del Ministerio Público adscrito a la subprocuraduría de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, y Víctor Manuel Flores Bravo, auxiliar de la Representación Social.
Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo –que encabeza el consejo en el que participan algunos representantes de la sociedad y sectores productivos– revelaron que la urgencia con la que el cónclave fue convocado es una respuesta del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ante las presiones que le han realizado diputados del Partido Acción Nacional, instándolo a realizar a nivel local una réplica de la “cumbre” de seguridad nacional que encabezó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 22 de agosto.
Desde principios de la semana que corre, los representantes populares del instituto derechista han dicho que Marín Torres debe realizar cuanto antes una reunión en la que se analice la situación de seguridad pública que impera en el estado de Puebla.
Hasta ahora, oficialmente, el gobierno del estado no ha dado respuesta oficial a las presiones de los panistas.
