En los últimos dos días, un par de integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) dieron opiniones encontradas sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Mientras el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, calificó a dicho ordenamiento como de vanguardia, la consejera del mismo organismo, Jaqueline Peschard, aplaudió que se hayan interpuesto recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la última reforma a esa legislación, la cual tiene serios cuestionamientos por no ajustarse al contenido de la Constitución.
Estas dos posiciones no pueden considerarse como una discrepancia menor. Muestran con claridad que Alonso Lujambio, en los criterios que emitió a favor de la Ley de Transparencia y lo que se ha hecho en Puebla en este plano, hizo más una declaración política que un análisis correcto de la situación a partir de los lineamientos que especialistas del derecho a la información han establecido.
Es lamentable la actuación de Lujambio, luego de que en diversos estudios se ha calificado a Puebla como uno de los estados con el peor ordenamiento legal en el tema de transparencia y acceso a la información pública. La posición del presidente del IFAI en nada contribuye a que en la entidad se genere una discusión que permita avanzar en este tema.
Puebla no tiene nada que presumir en lo relacionado con transparencia, sobre todo cuando el presidente de la Comisión de Acceso a la Información, Antonio Juárez Acevedo, presuntamente violó la ley de este organismo al ocupar un cargo ahí y al mismo tiempo ser dirigente de una asociación política. Y que además, el Congreso local no tenga la capacidad de poder resolver si este personaje es culpable o inocente de las irregularidades que se le imputan.
