El Poder Ejecutivo de Tlaxcala pedirá al Legislativo local que en este periodo de sesiones incluya reformas a la ley para ampliar las penas penitenciarias a los secuestradores, como parte de las acciones que pondrá en marcha el gobierno estatal para cumplir con las 75 metas anticrimen del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que impulsa el presidente Felipe Calderón.
El pacto que firmó también el gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, incluirá la puesta en marcha de tareas inmediatas como son la adecuación a las leyes para evitar la impunidad de los delincuentes y proteger a las víctimas de los delitos, la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos, e incluso la remoción de algunos funcionarios que no den resultados concretos, adelantó el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández.
“En Tlaxcala trabajaremos en la adecuación de las leyes, en este periodo de sesiones pediremos al Congreso (del estado) que aborde los temas en materia de seguridad, con la finalidad de ampliar las penas de delitos como el secuestro”, aseveró el encargado de la política interna de la entidad.
Por su parte, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona lamentó que los índices de inseguridad se hayan incrementado en Tlaxcala “a la magnitud” que dio a conocer el Instituto de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), cuyo reporte revela que durante el año 2007 en la entidad se presentaron 164 denuncias por el delito de secuestro, situación que “me asusta y me preocupa”.
De esa problemática responsabilizó al gobierno, pues consideró que le ha faltado voluntad para combatir delitos como el plagio, ya que “con sus acciones demuestra que no tiene el menor interés por la población tlaxcalteca”.
En contraste, el secretario de Gobierno recalcó que el estado cumplirá con el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó en Palacio Nacional, ya que los cuerpos policíacos tienen que garantizar la protección de los ciudadanos y no ser los operadores de transgresiones como el secuestro y el narcotráfico.
Por ello, Sergio González afirmó que en el plazo que estableció el jefe del Ejecutivo del país, los gobernadores, los legisladores, los ministros de la Corte, así como líderes sociales, esto es, en 100 días habrá “avances sustanciales que garanticen la seguridad de los ciudadanos en Tlaxcala”.
Agregó que el gobernador de Tlaxcala asumió el compromiso de trabajar en diferentes líneas, entre ellas aplicar diversos exámenes a los elementos policíacos, tales como el de confianza que implica un diagnóstico para conocer el compromiso que tienen los policías con la ciudadanía en general.
Sobre la renuncia de las autoridades incompetentes, dijo que la petición concreta será para los funcionarios de primer nivel y mandos medios encargados de la seguridad de los ciudadanos, como son el propio secretario de Gobierno, el procurador del estado y el subsecretario de Seguridad Pública.
“Todos estamos en la mira, lo dijo el gobernador, si en Tlaxcala no se resuelven las cosas, no sólo sería (la renuncia) del procurador, aquí entramos todos los que tenemos que ver con la seguridad pública (…), el planteamiento es claro, si no se tiene capacidad estamos en el ojo del ciudadano para desocupar el puesto”, reconoció González Hernández.
Sobre la recompensa que ofreció el jefe del Ejecutivo local para esclarecer uno de los tres secuestros cometidos en el estado, Sergio González desestimó que haya un dispendio de recursos, ya que ese tipo de medidas se ha aplicado en países de Europa y en el gobierno federal.
Sin embargo, Amaro Corona reiteró que los resultados del ICESI demuestran que Tlaxcala, de acuerdo con su número de población, es objeto de un índice elevado de delincuencia y culpó directamente al gobierno local.
“Debe existir voluntad por parte de las autoridades gubernamentales, desde el mandatario hasta el procurador, porque así ha pasado en muchas entidades donde la gente del Ejecutivo está involucrada en estos asuntos ilegales, no queremos pensar que esté pasando esto en Tlaxcala”, apuntó.
Abundó que cada vez son más comunes las noticias y las cifras que dan cuenta que en Tlaxcala se han incrementado los índices de inseguridad, pero sobre todo “que han sido pocos los avances en el combate a esta problemática y de continuar así se ahuyentarán a las empresas y a los pocos turistas que anualmente nos visitan”.
Incluso, retomó la declaración del empresario Alejandro Martí –quien el mes pasado sufrió la pérdida de su hijo a mano de sus secuestradores en el Distrito Federal– en el sentido de que “quien se compromete a gobernar una entidad, un municipio o al país, debe entregar resultados y no andar buscando cómo excusarse, y si no tiene elementos, imaginación y arrestos para gobernarlo, mejor que se vaya. Yo hago el mismo llamado al gobierno, si alguien carece de capacidad para el cargo, mejor que renuncie”.
Anunció que en el periodo de sesiones del último año de ejercicio constitucional, presentará al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo de Tlaxcala que resuelva los problemas de inseguridad que existen o, en su caso, que intervengan en la entidad las autoridades federales encargadas de la seguridad.
