Las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática, el Panal, el PT y el PAN en el Congreso del estado interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por las últimas reformas a la Ley de Transparen-cia y Acceso a la Información Pública de Puebla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En rueda de prensa, Gus-tavo Espinosa, diputado del Panal, señaló que las recientes modificaciones aprobadas por los votos priistas el 17 de julio de este año no cumplen con lo estipulado en el artículo sexto de la Constitución.
Eduardo Rivera Pérez, coordinador de la fracción del PAN, dijo que Puebla es el único estado en el país donde el órgano garante de la entrega de información pública no in-cluye como sujetos obligados a las autoridades municipales y a los organismos del Po-der Judicial.
El diputado explicó que si una persona solicita el gasto en nómina del ayuntamiento de Atlixco y la unidad de enlace en dicha de-marcación niega los datos, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) no puede exigir al cabildo que cumpla con su responsabilidad de transparencia.
Señaló que, de acuerdo con la redacción de la ley local en dicha materia, el gobierno del estado puede intervenir en la autonomía de la CAIP. Lo anterior también viola la re-dacción del artículo sexto constitucional, que exige autonomía. Tampoco la información se entrega con prontitud, pues dijo que el proceso de entrega de archivos demora hasta 30 días.
Eduardo Rivera explicó que si la SCJN falla a su favor la ley no se redactará nuevamente, sino que sólo serán modificados los artículos que permiten las anomalías ya citadas. El proceso durará entre seis y siete me-ses, dijo.
Ambos representantes populares reconocieron que el falló del máximo tribunal de justicia en el país, respecto al caso Lydia Ca-cho –cuando el gobernador fue exonerado–, reduce la credibilidad de este organismo; sin embargo, dijeron que confían en la institucionalidad y por obligación moral y legislativa decidieron acudir a la Corte.
