A pesar de que han transcurrido nueve días desde que los ocho presuntos narcotraficantes fueron detenidos en el municipio de Tlapanalá en posesión de 580 grapas de cocaína y armas de grueso calibre, la Procuraduría General de la República (PGR) se ha negado a atraer el caso para iniciar investigaciones, aun cuando el Ministerio Público del fuero común ya solicitó su intervención.
En el Tribunal Superior de Justicia se informó que el Ministerio Pública federal “ya dio vista” al expediente que contiene las indagatorias sobre este caso, pero de manera formal no se ha atraído el caso.
Fuentes cercanas a la dependencia federal confiaron en que este fin de semana estuvieron en la capital poblana integrantes de la Subdirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para poder conocer el caso, pero éste continúa en manos de las autoridades poblanas.
El encargado de la situación jurídica de dichos detenidos es el juez IV de lo Penal, quien deberá dictar el auto de formal prisión o de libertad, según sea el caso, a más tardar este miércoles cerca de las 7 de la noche.
Los detenidos solicitaron la ampliación del término que marca la ley por otras 72 horas con la finalidad de aportar pruebas a su favor, a través de sus defensores, que pertenecen a la Procuraduría del Ciudadano.
El juez IV de lo Penal sólo podrá actuar por los delitos del fuero común que se les imputan a los detenidos, los cuales son secuestro, delincuencia organizada y tentativa de homicidio.
Como lo anunció el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, será la PGR la que investigue si estos sujetos tienen relación con bandas de narcotráfico –en especial Los Zetas– y si se les finca responsabilidad por la portación ilegal de armas de fuego.
A los presuntos delincuentes se les hallaron 580 grapas de cocaína, armas de fuego y credenciales apócrifas de la Agencia Federal de Investigaciones. Casi todos ellos son originarios de estados del norte como Tamaulipas, Coahuila, e incluso de Texas, en Estados Unidos. Se supuso que por tener estos antecedentes, la PGR intervendría de inmediato.
Este fin de semana el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, pidió que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, y en su caso los detenidos puedan ser trasladados a un penal de máxima seguridad.
“Depende de la gestión que se hace ante el juzgado por parte de la Procuraduría General de Justicia y de la buena coordinación que existe con la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla”, mencionó el funcionario.
Sin embargo, el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, dijo que la situación sólo está en manos del juez IV de lo Penal –quien por cierto no ha ofrecido entrevistas– y de la PGR.
En el Tribunal Superior de Justicia se informó que la situación jurídica de los presuntos narcotraficantes podría ser dada a conocer hoy por la tarde.
Faltan averiguaciones
Independientemente del curso que sigan las investigaciones en contra de los presuntos narcotraficantes, la Procuraduría General de Justicia realiza indagatorias sobre lo ocurrido el domingo 17 de agosto en Tlapanalá.
Todavía se desconoce si verdaderamente el comerciante José Vargas, quien estuvo a punto de ser plagiado por los presuntos delincuentes, tiene alguna relación con el narcotráfico, como se ha mencionado en versiones extraoficiales.
Tampoco se ha informado si el alcalde de Tlapanalá será investigado por el intento de linchamiento en contra de los delincuentes por parte de los pobladores.
