El estado de Puebla está entre los cinco estados del país en donde, a lo largo de varias décadas, se ha producido el 60 por ciento de las muertes provocadas por abortos clandestinos. Los especialistas en la materia han establecido que en aquellos lugares en donde existen menos restricciones le-gales para interrumpir un embarazo es bajo el índice de féminas que pierden la vida por practicarse un aborto.
La discusión sobre la pertinencia de legalizar el aborto en muchas partes del mundo y de México ha logrado importantes avances, sobre todo en la ciudad de México. Sin em-bargo, Puebla está totalmente rezagada en es-ta materia, ya que el tema está ausente en las políticas públicas del estado, en la agenda de los partidos políticos y en la del Congreso local.
Por eso es entendible que en Puebla siga dominando una legislación que no reconoce el derecho de las mujeres de interrumpir em-barazos, y lleva a que la mayoría de los abortos sigan siendo hechos en la clandestinidad, en condiciones de riesgo para las féminas o por medio de clínicas privadas que cobran mucho dinero para hacer abortos de manera discreta.
El aborto debe verse como un derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo y deseo de concebir, pero también como un problema de salud pública, el cual tiene que ser discutido y abordado con criterios científicos, no a partir de la moral de la iglesia ca-tólica, tal como hasta ahora ha ocurrido.
