El refrendo de mandato o la opinión ciudadana sobre temas trascendentes no lo acostumbran los gobiernos autoritarios ni las vanguardias iluminadas; ambos se asumen como los únicos soberanos y desprecian a los ciudadanos por iletrados y desinformados. Se abrogan funciones que no les corresponden y temen conocer la opinión de aquellos en cuyo nombre dicen gobernar. La semana pasada, un padre agraviado por el asesinato de su hijo trajo a colación la falta de ética, eficiencia y probidad de los funcionarios públicos y sentenció: quien no pueda con el cargo, que renuncie. Deberíamos tener instancias para el refrendo de mandatos sobre temas previamente acordados por los poderes de la unión, como lo es el de la legitimidad y legalidad del mandato y de sus actos.
El gobierno federal conoce cuál es la opinión ciudadana sobre la privatización de Pemex, por eso omitió la imagen de las manos estrechadas que refrendaban la asociación con empresas trasnacionales del promocional del tesoro escondido y se afana en eufemizar la privatización: acompañamiento. En julio del año 2006, el Centro de Investigación y Docencia Económica aplicó una encuesta nacional en vivienda sobre las relaciones entre México y Estados Unidos; una de las preguntas fue acerca de la privatización de Pemex y, tres de cada cuatro ciudadanos estuvo en desacuerdo; incluso ante la disyuntiva de permitir al capital extranjero extraer petróleo y producir gas, electricidad y gasolina a cambio de que el gobierno de Estados Unidos financiara el desarrollo de México, la respuesta fue la misma: el 52 por ciento estuvo en contra y el 29 por ciento a favor, es decir, no se desea la inversión extranjera en los sectores estratégicos reservados al estado. Por ello, los panistas descalifican los intentos por que la ciudadanía se exprese y no quieren que haya precedente sobre consultas posteriores.
La consulta ciudadana promovida por el Comité Nacional de defensa del petróleo y partidos del Frente Amplio Progresista tuvo una difusión discretísima en los medios de comunicación, aun así, después de realizada, uno de cada dos ciudadanos del municipio de Puebla se enteró de esa acción y nueve de cada 10 valoran positivamente la existencia de esa forma de consulta. El sentir de los ciudadanos del municipio de Puebla expresada en la consulta estuvo en la misma dirección que la opinión nacional al respecto: no a la privatización. Ese resultado debe ser acatado por los legisladores federales y debe ser la base para que rechacen las propuestas de reforma energética enviada por el ejecutivo federal. Los ciudadanos del municipio mencionado consideran que la soberanía recae en el pueblo y que su expresión en mandato, además que desean que Pemex siga siendo de los mexicanos y no están de acuerdo con su privatización.
Ya entrados en gasto, a los ciudadanos del municipio de Puebla les gustaría que hubiera otras consultas, la agenda y jerarquía es la siguiente: seguridad pública, economía (desempleo, carestía, salarios, pobreza), educación, problemas ambientales, reforma política, gobierno (ineficiencia, corrupción, refrendo de mandato) y salud. Y los organizadores deberían de ser, preferentemente, el Ejecutivo (en cualquier de los tres niveles) o los ciudadanos. Los ciudadanos refrendan su posición sobre la reforma energética: seis de cada 10 están en contra de la asociación de Pemex con empresas extranjeras para extraer petróleo de aguas profundas Para cuatro de cinco ciudadanos, Pemex debe seguir con la extracción de petróleo y la producción de gasolina, debe controlar los oleoductos y reinvertir en refinerías; tres de cada cinco ciudadanos no desean que Pemex se privatice y siete de cada 10 no le cree al gobierno cuando dice que no la piensa privatizar. Aprobar las reformas de panistas o de los priistas es contravenir una opinión ciudadana mayoritaria, lo que la constituiría en ilegítima y violaría la Constitución, la que la convertiría en ilegal.
