Puebla, a pesar de que no tiene tan altos los índices delictivos como Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal, ya se encuentra en la lista de ejecuciones del crimen organizado, y las autoridades poblanas no pueden mantener la postura de que los homicidios o linchamientos que ocurren son hechos aislados cuando son puntas del iceberg que deben atacarse con cautela, afirmó Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, en una visita realizada a la Angelópolis para impartir la ponencia “México en la Encrucijada del Siglo XXI” en la Universidad Autónoma de Puebla.
En otro tema, afirmó que la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, convocada por el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, reflejó la impotencia y la incapacidad del Estado para acabar con la delincuencia organizada.
Para Morales Lechuga los índices de violencia e inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en Puebla, específicamente el acontecimiento suscitado en el municipio de Tlapanalá –en donde unos presuntos narcotraficantes estuvieron a punto de ser linchados por los pobladores–, son evidencias de que en el estado se están presentando problemas serios de delincuencia organizada.
“En Puebla ya se empiezan a asomar ejecuciones, recientemente dos que no habían ocurrido, así que hay que actuar en consecuencia antes de que se agraven las cosas”, advirtió.
Asimismo, recomendó al gobierno encabezado por el priista de Mario Marín Torres aumentar el control preventivo en la ciudad de Puebla y en las demás regiones del estado, así como pugnar para que cada “hecho de sangre” no quede impune.
Impunidad y corrupción, jinetes apocalípticos de la inseguridad
Por otra parte, el también ex procurador de Justicia del Distrito Federal en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari advirtió que la inseguridad que azota no sólo a Puebla, sino a todo el país, no disminuirá mientras no se abata la impunidad y la corrupción –que han sido los jinetes apocalípticos de la inseguridad– entre las distintas corporaciones de la Policía –federal, estatal, municipal, metropolitana, judicial–, en las procuradurías y en las agencias de Ministerio Público.
Manifestó que si la actual administración tuviera el compromiso de terminar con la delincuencia organizada ya se hubiera puesto a trabajar y castigar a todos los policías corruptos que imponen el desorden en el país y no estar convocando a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública para analizar las medidas que se tomarán para combatir la inseguridad, porque finalmente ese es su deber.
“La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada por el gobierno de Felipe Calderón, no nos satisface ni nos elimina la percepción de inseguridad a los mexicanos, el día que los estadistas, políticos, gobernadores, presidentes municipales, procuradores y generales que se encuentran en Palacio Nacional debatiendo sobre la seguridad circulen en la ciudad de México sin escolta y sin equipo blindado, ese día estaremos más tranquilos, esa reunión sólo reflejó la impotencia e incapacidad del Estado para acabar con la delincuencia organizada”, afirmó.
Para el también rector de la Escuela Libre de Derecho en el Distrito Federal el problema de inseguridad no es por recursos, sino por voluntad política.
“Ahora se ha invertido como nunca, pero falta, creo, hacer las cosas con sensatez, prudencia, vigor, con energía, sin miedo y con los pantalones bien puestos”.
El ex funcionario federal reprobó la propuesta de Felipe Calderón de aumentar la pena máxima a los secuestradores y narcotraficantes, ya que afirmó que los crímenes no se resuelven con el incremento de la penalidad, sino abatiendo la impunidad.
“De nada sirve poner penas exageradas si a nadie atrapan, ni a nadie llevan ante los jueces”, afirmó.
También, el ex funcionario criticó la entrada del Ejercito en algunos estados del país, pues señaló que no se han visto los resultados, solamente el gasto que ha ocasionado el despligue.
