Un tema que ha acaparado la atención de la opinión pública a nivel estatal y nacional es el de la inseguridad pública. En el caso de Puebla, ello se debe a los hechos acontecidos desde el pasado fin de semana, como son la aparición de dos ejecutados en la Sierra Norte, el atentado contra el subprocurador de Justicia, Víctor Pérez Dorantes, y el intento de linchamiento que hubo contra una banda de sicarios en el municipio de Tlapanalá.
Como respuesta a los reclamos de que se atienda debidamente el problema de la delincuencia, ayer se realizó en la ciudad de México una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en la que participó el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de todo el país, en donde se propuso, entre otros acuerdos, crear una política de Estado en materia de prevención y procuración de justicia; mejorar la coordinación entre autoridades y obligar a los gobiernos a cumplir los compromisos de mejorar los cuerpos de seguridad pública. Estas propuestas se replantean cada vez que el tema de la delincuencia cobra notoriedad, y además siempre se soslaya el componente de la creciente desigualdad social que sufre el país y que es un factor causante de violencia en México. En esta ocasión se ha repetido el mismo esquema.
El Estado mexicano prácticamente ha desarticulado las políticas sociales que durante muchos años permitieron que no fuera tan severa la marginación, y actualmente carece de estrategias acertadas para revertir la pobreza que padece el grueso de la población. Mientras dicho modelo no se revierta, el problema de la inseguridad pública no tendrá soluciones de fondo.
