Ayer, después de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, los legisladores responsables del análisis del archivo de Juárez Acevedo recibieron de parte del diputado Fernández del Campo un expediente de 233 hojas. Con estos datos esperan reunir las pruebas necesarias que demuestren que el funcionario estatal violó la ley al ser secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro y titular de la CAIP al mismo tiempo.
Sin embargo, la principal prueba de que Juárez Acevedo es directivo de la asociación ya mencionada no aparece en los archivos que envió el IFE al Congreso. Este documento es importante debido a que el presidente de la CAIP basará su defensa legal y permanencia en el cargo.
Durante la última entrevista que ofreció respecto a este tema –hace más de tres meses– Juárez Acevedo explicó que solicitó al IFE el expediente que ahora posee la Comisión de Gobernación del Congreso del estado con el fin de preparar su defensa legal.
Explicó que la dirección de Prerrogativas y Partidos del IFE validó los estatutos de Plataforma Cuatro como la máxima norma de esta agrupación. De acuerdo con dicho reglamento, dijo, para que alguien sea dirigente de dicha agrupación política debe asentarse en el acta constitutiva. Juárez Acevedo sostiene que en ese documento no dice que él sea secretario general de la organización en cuestión.
Cuando el titular de la CAIP recibió este expediente sin el acta constitutiva tramitó un recurso de revisión a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). El IFAI le contestó que dicho documento no existe en los archivos del IFE, por lo que el funcionario comentó, en esa última entrevista que no hay pruebas en su contra, pues a pesar de que haya documentos en los que aparece su firma como secretario general de Plataforma Cuatro, éstos son irrelevantes.
Eduardo Rivera Pérez, líder de la fracción parlamentaria del PAN, reconoció que este documento no aparece en el archivo que le presentó Fernández del Campo. Ante esta situación, informó que lo solicitará directamente al IFE, de la misma forma que lo hizo Juárez Acevedo meses antes. Si el documento no existe intentarán que los otros archivos entregados por el titular de la Comisión de Gobernación basten para removerlo del cargo.
Pero si estos archivos tampoco fueran suficientes, pedirán a Fernández del Campo que a través de un juicio civil solicite a la Notaría 27 de Veracruz la copia de una carta que da fe de que Plataforma Cuatro organizó una asamblea en dicha demarcación y ahí se asentó que el presidente de la CAIP aparecía como directivo de la organización política. Este texto es una prueba tan contundente como el acta constitutiva, porque en ella un notario da fe de que Juárez Acevedo presidió un acto político bajo el titulo de secretario general.
Eduardo Rivera culpó al PRI de retrasar la destitución de Juárez Acevedo, pues el archivo del IFE lo recibió el legislador priista desde el 30 de julio. Por su parte, el diputado tricolor justificó dicha demora diciendo que la última sesión del primer periodo ordinario de sesiones fue muy complicada y no hubo tiempo para analizar el expediente del Instituto Federal Electoral.
Fernández del Campo rechazó las acusaciones de que el proceso de investigación a Juárez Acevedo es lento, pues dijo que el IFE tardó cinco meses en entregarle el archivo que presentó a los diputados de la Comisión de Gobernación.
Las fases de este asunto, según explicó, consisten en la reunión de pruebas, que aún no ha terminado porque faltan los documentos de Veracruz; la defensa por parte de Juárez Acevedo, cuya base es la ausencia del acta constitutiva, y la resolución; sin embargo, ninguna de las etapas tiene determinado algún plazo.
