En las primeras horas de este jueves los presuntos delincuentes ingresarán al penal de San Miguel acusados de delitos del fueron común. Además, la averiguación previa que se integró al respecto fue entregada a la delegación estatal de la Procuraduría General de República para que un agente el Ministerio Público federal realice las indagatorias sobre los delitos federales que pudieron cometer.
Fuentes de la Procuraduría General de República revelaron que entre los delitos federales que les pueden ser imputados están narcotráfico, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de Ejército.
Esto abre la posibilidad de que la investigación sea atraída por la Subdirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), misma que podría llevar a los detenidos a la capital del país o en su caso enviar a fiscales para que realicen las investigaciones.
De acuerdo con los informantes, el ex policía judicial que está detenido fue dado de baja en 1998 por estar involucrado en el robo de vehículos, y en ese entonces tenía la placa 471.
Cuando fue despedido de la dependencia se descubrió que tenía relación con robos que incluso ocurrían en las cercanías de la Procuraduría General de Justicia.
Del ex militar sólo se sabe que perteneció a un batallón de infantería, pero los nombres de estas dos personas no fueron revelados.
Durante los interrogatorios que realizaron los integrantes de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO) de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), dos de los siete detenidos revelaron que pertenecen al grupo armado de Los Zetas.
La PGJ se mantuvo en total hermetismo, a tal grado que en la subdirección de Comunicación Social de la dependencia no se atendió ninguna petición de entrevistas, ni mucho menos las llamadas telefónicas para conocer la situación jurídica de los detenidos.
El plazo de 48 horas que tiene el Ministerio Público para determinar el estado de los delincuentes venció ayer a las 3 de la tarde, y a pesar de que en la PGJ se había acordado que ayer se brindaría información al respecto, el hermetismo fue mayor que el de los días anteriores.
Algunos de los delitos que posiblemente se les pueden fincar, además de narcotráfico, son portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, usurpación de funciones –por usar credenciales apócrifas de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y delincuencia organizada y tentativa de homicidio.
Expectativa afuera de la Academia de Policía
Desde la mañana de este miércoles, representantes de los medios de comunicación se apostaron en las afueras de la Academia Estatal de Policía para esperar el traslado de los detenidos, situación que hasta el cierre de la presente edición, alrededor de las 10 la noche, no ocurrió.
Las instalaciones de la Academia, ubicada en la 10 Poniente entre la 9 y la 11 Norte, estuvieron custodiadas por policías estatales y municipales, quienes portaban armas largas y chalecos antibalas. También en los alrededores se encontraban agentes se Seguridad Vial Municipal para agilizar al tráfico.
Sin embargo, la operación desplegada ayer no contempló tantos integrantes de los cuerpos de seguridad pública como la realizada el martes pasado por la madrugada, cuando los detenidos fueron trasladados de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO) a la Academia Estatal de Policía.
Durante este miércoles, en varias ocasiones agentes de la DIEDO recorrieron las calles cercanas a la Academia acompañados de policías judiciales, pero nunca ingresaron a las instalaciones.
Cerca de las 6 de la tarde un helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobrevoló el lugar donde se encontraban resguardados los detenidos, lo que creó más expectativa sobre el posible traslado de los mismos a las instalaciones del Centro de Readaptación Social.
Atención medica a los detenidos
Aproximadamente a las 2 de la tarde, médicos de la Secretaría de Salud ingresaron a la Academia Estatal con vendajes, suero y gasas para atender a los detenidos. Quienes ingresaron no habían salido hasta la noche de ayer.
A pesar de que el director del Hospital General Norte declaró el lunes pasado que los delincuentes fueron dados de alta porque su estado de salud es estable, versiones extraoficiales señalan que la verdadera razón para sacarlos del nosocomio fue evitar un posible “rescate” ejecutado por un grupo armado.
Esas versiones señalan que debido a esto los interrogatorios se realizaron en la Academia Estatal de Policía, situación por demás inusual, pero en estas instalaciones se les podía seguir dando atención médica contando con mayor seguridad.
Segob soslaya los hechos
A pesar de que la detención de los presuntos narcotraficantes se dio a raíz de un intento de linchamiento por parte de los pobladores de Tlapanalá el domingo pasado, quienes afirman que en ese municipio ni la Policía Judicial ni la Estatal pueden entrar, la Secretaría de Gobernación ha minimizado lo ocurrido.
Ayer, el titular de esta dependencia, Mario Montero Serrano, se limitó a decir que lo ocurrido es parte del clima de violencia en el país, pero no informó del avance de las investigaciones, en el caso de que las haya, respecto al intento de linchamiento.
En el departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación se informó que la Procuraduría General de Justicia ofrecería una rueda de prensa para dar a conocer el estado de las investigaciones, pero no ocurrió así.
