Al hacerse las primeras investigaciones sobre la banda de sicarios que el fin de semana intentó matar a un comerciante de Tlapanalá y que fue capturada por la gente de ese poblado, se ha determinado que uno de esos presuntos delincuentes fue agente de la Policía Judicial de Puebla, otro más formó parte de las filas de infantería del Ejército y se presume que dos de ellos podrían ser integrantes de la organización de Los Zetas, la red más grande y poderosa del crimen organizado en el país.
La composición de esta banda delictiva muestra con claridad el círculo vicioso que caracteriza al crimen organizado de México, consistente en que muchas de las bandas dedicadas al narcotráfico, los secuestros y comercio de mercancías ilegales están formadas por integrantes o ex miembros de cuerpos policiacos, de las fuerzas armadas o las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Dicha situación plantea que uno de los factores que han contribuido a que en México prive la impunidad –ya que solamente se castiga a los responsables del 12 por ciento de los 12 millones de ilícitos que ocurren anualmente en el país– y estén creciendo las redes del crimen organizado, la violencia y los índices de delitos menores, es que los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia no son confiables, no son eficaces y en muchas ocasiones son la fuente de protección del hampa.
Mientras no se logre diseñar políticas públicas de largo plazo, eficaces y de manera profesional, en Puebla y el resto de la nación no se podrá controlar el problema de la inseguridad. Tal parece que esa condición no está presente en la mayoría de los planes de los gobiernos actuales.
