El 30 de julio de 2008, en el ex templo de Corpus Christi de la ciudad de México, se celebró el Foro Sustentabilidad Hídrica en México por parte del Tribunal Latinoamericano del Agua, en donde una de las conclusiones generalizadas fue que las y los habitantes de nuestro país nos enfrentamos a situaciones cada vez más críticas respecto a la permanencia del líquido.
Cada vez se ve con mayor cercanía las consecuencias de un estrés hídrico, generado por el uso y despilfarro que le hemos dado al agua como usuarios, pero también como resultado de una política cada vez más ineficaz, centralizada y que orienta los procesos de gestión para que intervengan y decidan las grandes corporaciones que hacen uso del agua y que no garantiza adecuadamente la protección, suministro y tratamiento del líquido residual del usuario común. Esa situación no toma en cuenta el esfuerzo de tribunales éticos que han permitido un espacio de denuncia, de discusión y de diálogo que permita la intervención de múltiples instancias y de compartir ideas y formas de gestión respecto a las problemáticas que enfrentamos.
Así, hemos podido reconocer la ineficiente gestión del agua en casos como el del Trasvase del Cutzamala, el Salto de Juanacatlán y la contaminación del río Santiago, la bahía de Zihuatanejo, el intento de construcción de una hidroeléctrica en La Parota, la contaminación del río Coatzacoalcos, la construcción de una gasolinera en un sitio de recarga de acuíferos en Cuautla y la contaminación que genera la Minera San Xavier en San Luis Potosí.
También, vemos la presencia de nuevos problemas como la contaminación por un relleno sanitario en el estado de Morelos o la construcción de viviendas en Chalco–Amecameca, en una zona ya del Parque Iztaccihuátl–Popocatépetl. Esto, sin contar los casos no denunciados.
Los problemas por el uso y gestión del agua en todo el país también se reflejan en los estados, en donde impera una política ineficaz e ineficiente que impide la protección de nuestros sistemas hídricos y los cuerpos de agua cruciales, ya no para una visión de desarrollo establecida por el gobierno federal que nadie entiende y que cada vez se encuentra más lejos, sino para permitir la vida.
La semana pasada, el coordinador General de Ecología dio a conocer a través de los medios de comunicación que el diagnóstico de la situación de los ríos Zahuapan y Atoyac realizada por el Instituto Politécnico Nacional contiene una serie de inconsistencias que impiden la puesta en práctica de una política pública anunciada por el propio gobierno local.
Es necesario recordar que ese estudio es producto de un convenio de colaboración firmado el 8 de septiembre de 2006 con un costo de 6 millones 497 mil 500 pesos, mediante el cual la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del IPN realizó estudios técnicos, análisis de laboratorio y de reingeniería a 28 plantas de tratamiento de agua residual distribuidas en varios municipios de la entidad.
El segundo aspecto es la descalificación realizada por el propio coordinador General de Ecología de la planta de tratamiento de aguas residuales, propuesta por otra de las áreas del gobierno local en un evento público realizado en un hotel de la ciudad de Tlaxcala, con demostración e inserción de notas en periódicos de circulación nacional, bajo el argumento que no es eficaz para el tratamiento de grandes volúmenes.
No quiero analizar aquí los aspectos técnicos de la planta de tratamiento, sino qué tenemos del diagnóstico, pues según una persona del propio gobierno hay inconsistencias en la información y una propuesta de política pública de la cual las propias autoridades no se ponen de acuerdo. Y para ello, gastaron casi 6.5 millones de pesos y más de un año de trabajo, pero también de tiempo perdido que permita realmente una política integral de saneamiento, que incluya eliminar la presencia de sustancias tóxicas en los ríos.
Quizá sea el momento para que la población organizada reactive su posición, actualizando sus resultados, analizando la información generada desde el gobierno, pero también dando a conocer de manera consistente una propuesta, generando una gestión del derecho al agua de manera comunitaria.
*Atoyac Zahuapan y Calidad de Vida.
