La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha persistido en el hermetismo que asumió desde que los indiciados fueron puestos a su disposición, el pasado domingo 17 de agosto.
Sin embargo, ha trascendido de manera extraoficial que hay al menos tres líneas de investigación a las que están sujetos los supuestos sicarios: la primera es que fueron los autores del atentado que sufrieron la madrugada del sábado funcionarios de la PGJ vinculados al subprocurador, Víctor Pérez Dorantes.
La segunda hipótesis seguida en las indagatorias es que los asesinos pretendían matar a un alto funcionario de la PGJ, quien habría sido sobornado para que liberara a una banda de secuestradores, pero que no pudo consumar la liberación de los delincuentes porque fue descubierto.
La tercera línea de investigación se fundamenta en el supuesto de que los presuntos narcotraficantes estaban recaudando dinero del cártel al que sirven e iban a ultimar al comerciante José Vargas –quien también se habría dedicado al narcomenudeo– en Tlapanalá, pero fueron capturados por los habitantes de ese municipio, quienes estuvieron a punto de lincharlos.
Ayer por la tarde los delincuentes estaban detenidos en la Academia de Policía de la ciudad de Puebla, donde eran interrogados por personal de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), que intentaba saber si pertenecen a Los Zetas, una banda de sicarios que originalmente prestaba sus servicios para el cártel del Golfo pero que, según expertos en el análisis del crimen organizado, se han asociado recientemente con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Trascendió que los nombres de los detenidos son: Juan José Escalante de la Cruz, Javier Ríos Ponciano, Juan Carlos Garza Martínez, Gerardo González Ramírez, Mario Antonio Martínez Escobar, Gerardo Sánchez Martínez y Ernesto González Hernández. Al parecer uno de estos sujetos perteneció al Ejército Mexicano.
Otra versión extraoficial aseguró que varios detenidos tenían el cuerpo tatuado al estilo de la Mara Salvatrucha 13, una numerosa banda de delincuentes originada en Centroamérica y de la que también se sabe que fue reclutada por narcotraficantes para que realizaran sus cobranzas y ajustes de cuentas.
Hoy se cumple el plazo que marca la Constitución para determinar la situación jurídica de los supuestos criminales. Si la dependencia no logra acreditar que se dedican al narcotráfico, sólo serán consignados por lesiones con arma de fuego y uso de armas de exclusivas del Ejército.
Hasta ayer por la noche la PGJ no había logrado vincular legalmente a los delincuentes con el trasiego de drogas y por eso la Procuraduría General de la República no intervenía oficialmente en el caso, aunque se sabe que expertos en combate a narcotráfico de dicha institución han coordinado desde la noche del domingo las operaciones de vigilancia y prevención de un eventual rescate de los detenidos,
La Policía Judicial corroboró entre los pobladores de Tlapanalá que José Vargas se dedicaba al narcomenudeo.
“¿Estamos en sitio?”
El lunes pasado, después de las 14:30 horas, un impresionante contingente de policías judiciales, estatales y municipales custodió el traslado de los presuntos narcotraficantes desde el Hospital General, donde se les brindó atención médica de urgencia, hasta otros puntos de la ciudad, que no fueron revelados.
Por la noche se suscitó una intensa movilización de patrullas en las inmediaciones de la DIEDO, que tiene su domicilio en la colonia La Hacienda, de la capital estatal. El fuerte dispositivo montado hizo suponer que algunos de los detenidos estaban siendo interrogados en dicho inmueble.
Poco antes de la medianoche, los uniformados se desplazaron hacia la Academia de Policía. Elementos de Seguridad Vial Municipal fueron dispuestos a lo largo de la 24 Sur, la 31 Oriente–Poniente, la diagonal y la 9 Norte –entre la 12 y la 14 Poniente– para que franquearan el paso del convoy, encabezado por un lujoso automóvil negro sin placas, en el que viajaban cuatro hombres con chalecos antibalas e insignias de la PGR.
Al llegar a la Academia de Policía, los uniformados impidieron el paso no sólo de vehículos, sino de transeúntes. En ocasiones abrían la calle para desahogar el tráfico de la 11 Sur, pero cada auto era revisado minuciosamente antes de que sus ocupantes obtuvieran permiso para continuar su camino.
La presencia de los policías motivó la curiosidad y preocupación de los vecinos, quienes salieron para mirar, desde los quicios de las entradas de sus casas, qué era lo que sucedía.
En la esquina de la 9 Norte y la 12 Poniente, varias personas se asomaron desde la azotea de una casa, pero de inmediato fueron reprendidas por un comandante de la Policía Metropolitana, quien les dijo que no podían estar ahí, porque había “una situación muy especial” que ponía en riesgo su seguridad.
Uno de los vecinos se negó a moverse y cuestionó desafiante: “¿Qué, estamos en un estado de sitio?”. El comandante le respondió que no, y volvió a pedirle comedidamente que se retirara. La gente obedeció.
El ambiente tenso en esa zona del Centro Histórico de Puebla, cerca del Museo del Ferrocarril, duró poco más de una hora. Después, a diferencia de cómo habían llegado a la DIEDO unas horas antes –con las torretas y las sirenas de las patrullas encendidas–, los oficiales se fueron retirando en grupos reducidos de vehículos y quedaron pocos custodiando el edificio de la Academia de Policía.
También se retiraron los cuatro funcionarios de la PGR que viajaban en el auto negro lujoso y ninguno quiso dar declaraciones de lo que pasaba. Lo mismo sucedió con los uniformados.
Algunos periodistas que estaban siguiendo al convoy desde la sede de la DIEDO pretendieron continuar la travesía, pero esta vez los agentes de Seguridad Vial se los impidieron.
Hubo entonces versiones de todo tipo: desde las que aseguraban que los detenidos ya habían sido entregados a la PGR hasta las que afirmaron que durante toda la noche habría desplazamientos policiacos por diferentes rumbos de la ciudad para confundir a los criminales que intentaran rescatarlos.
Según esta última versión, el cambio continuo de estancias para los indiciados brinda mayores garantías de seguridad que su permanencia en un punto fijo, lo cual haría más vulnerable su resguardo.
