La presencia de decenas de policías judiciales, estatales y municipales que portaban armas largas y cortaron cartucho para proteger a los presuntos sicarios que estaban en las inmediaciones de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), provocó nuevamente la zozobra de los vecinos de La Hacienda, quienes exigieron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) quite las oficinas de esa colonia.
Desde las primeras horas de la tarde, del pasado lunes varias patrullas cerraron la circulación en el carril que se ubica frente a la sede de la DIEDO, en la prolongación de la avenida Circunvalación, que es de doble sentido. Ahí, supuestamente fueron trasladados algunos de los hombres que el sábado pasado estuvieron a punto de ser linchados por una turba en el municipio de Tlapanalá y de los que se presume son integrantes de la sanguinaria banda de Los Zetas.
Los uniformados pertenecían en su mayoría a los cuerpos de élite de la Policía Municipal y Estatal. Tenían rifles, vestían uniformes negros y de camuflaje azul, llevaban el rostro cubierto con tapabocas que les llegaban hasta las narices y su mirada la ocultaban gruesos anteojos.
Por la noche, varios de esos policías no sólo montaron guardia en la acera de la casa que ocupa la DIEDO, si no que se apostaron con sus armas largas en las entradas de las viviendas que están al lado y enfrente. De manera intermitente, los oficiales en algunas ocasiones cerraban por completo el tráfico vehicular desde la 24 Sur y sólo permitían el acceso a los automóviles de los vecinos.
Los vecinos se acercaron entonces a un grupo de reporteros que estaba atento a lo que sucedía. Pidieron que sus nombres no fueran revelados y entonces manifestaron su molestia con el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, porque desde que ocupaba la subprocuraduría de la dependencia se comprometió a retirar la DIEDO de La Hacienda.
Contaron que su temor no tenía origen sólo en el impresionante dispositivo policiaco que estaba apoderándose de la calle esa noche, si no porque el inmueble que alberga a la dependencia no tiene las condiciones mínimas para garantizar que un criminal o indiciado al que se vincule con el crimen organizado pueda escapar.
“Esto es una casa habitación, no un edificio ni casa de seguridad. Si en algún momento un detenido lograra burlar a las autoridades, seguramente iría a meterse a una de nuestras casas y pondría en riesgo a nuestras familias. Aquí viven muchos niños y muchos ancianos, ¡no se vale que nos tengan así!”, expresó una mujer.
De hecho, otras personas contaron que desde una de las viviendas que colinda con la parte trasera de la DIEDO se puede observar las celdas en las que los agentes de la Policía Judicial encierran a los detenidos, durante las sesiones de los interrogatorios.
Cerca de la media noche hubo una nueva movilización de los uniformados, esta vez para salir de la DIEDO.
Esta casa editorial pudo apreciar como al menos dos policías cortaron cartucho antes de partir. El resto de los uniformados llevaban las armas con los cañones apuntando hacia fuera, hacia la calle, donde algunos niños en pijama acompañaban a sus azorados padres. En el sitio permanecieron varios policías judiciales que reían y hacían bromas sobre su trabajo.
Habitantes de la colonia La Hacienda, impresionados y temerosos por la fuerte presencia policiaca que había en las inmediaciones de la Dirección de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, exigieron que la Procuraduría General de Justicia retire de inmediato esa central de la colonia, ya que consideran que no existe garantía de seguridad para sus familias.
