El próximo sábado en Puebla habrá una marcha contra la inseguridad pública. Es convocada por organizaciones civiles y organismos empresariales. Dicha movilización fue motivada por el trágico desenlace del secuestro del niño Fernando Martí, quien es hijo de un prominente empresario que tiene una cadena de artículos deportivos.
Desde luego que es indignante conocer una tragedia como la de este niño de apenas 14 años de edad que fue objeto de uno de los peores delitos. Sin embargo, es cuestionable que a partir de este hecho se esté convocando a una movilización para este fin de semana.
Resulta lamentable que diariamente miles de ciudadanos, de clases media y baja, son victimas de la delincuencia común y del crimen organizado; de la violencia política e intrafamiliar; de desastres, de los fenómenos migratorios y de otras causas, y cuando eso ocurre los empresarios y muchos organismos civiles no se inmutan, no convocan a marchas y no se solidarizan con quienes sufren esos pesares.
Quienes convocan a la movilización del sábado buscarán, de manera justificada, cuestionar la pobre respuesta que las autoridades dan al problema de la inseguridad. Pero van a guardar silencio de la violencia que provocan los empresarios al pagar bajos salarios, al evadir impuestos, al no dar prestaciones a sus trabajadores y contribuir a una creciente desigualdad social.
Aunque se quiera aparentar que la marcha del próximo fin de semana es ajena a intereses políticos, lo cierto es que esas movilizaciones siempre han perseguido el propósito de beneficiar los intereses de quienes controlan las cúpulas empresariales, al Partido Acción Nacional y a organizaciones vinculadas a la ultraderecha.
