Explicó que el gobierno del estado pidió por escrito al inventor de la tecnología, Jesús Figueroa Flores, la cotización por limpiar a través de ese proceso cada litro de agua por segundo, así como la inversión total al aplicarlo al afluente contaminado, pero a la fecha no ha entregado ese diagnóstico, por lo que el servidor consideró que se debe a que no tiene un costo–beneficio real.
“Es un buen método de laboratorio y para limpiar pequeñas cantidades de agua, pero para el Zahuapan se necesitaría una planta inmensa y si eso resulta costosísimo para el pueblo de Tlaxcala, no lo aplicaremos”, manifestó.
Recordó que el planteamiento del científico originario de Puebla, es que en cuatro horas se limpien 2 mil litros de agua, mientras que las descargas al cauce del Zahuapan son superiores a los 200 litros por segundo, lo que significa que se necesita un proceso de otro nivel.
“Lo que requerimos es conocer el costo–beneficio para el gobierno, es decir, con ese método (floculación iónica) el agua se puede hacer potable, pero para el río no la necesitamos así, porque se ocupa para la agricultura”, aseveró el funcionario.
La floculación iónica consiste en aplicar descargas eléctricas de bajo voltaje para separar las sustancias contaminantes del agua residual y de esta manera regresarla a su estado natural.
En ese contexto, Pérez Flores también descalificó los estudios que realizó el Instituto Politécnico Nacional, pues dijo que tienen algunas inconsistencias técnicas, entre ellas las consideraciones para rehabilitar 22 de las 44 plantas de tratamiento que están abandonadas en los municipios de la entidad.
Adelantó que el gobierno estatal saneará el 80 por ciento de las descargas al río Zahuapan antes del año 2011, con lo cual alcanzará un parámetro superior a la media nacional que es limpiar el 34 por ciento de las aguas negras; sin embargo, la actual administración federal proyecta tratar el 50 por ciento del total de las descargas que se hacen a los cuerpos de agua.
Fabián Pérez aseguró que la concreción del proyecto requiere de unos 800 millones de pesos y no descartó la contratación de deuda pública, aunque primero se hará llegar de aportaciones de la Comisión Nacional de Agua, de Banobras y de algunas asociaciones internacionales.
