En tanto, la Secretaría de Gobernación no brindó este martes más información del atropello iniciado el pasado domingo y la Procuraduría General de Justicia tampoco dio a conocer si emprendió las averiguaciones correspondientes, aunque la líder de los agraviados, Elizabeth Hernández Cercas, analiza seriamente tramitar una denuncia penal contra el munícipe.
Entrevistado por el portal La Voz de la Sierra Norte, el alcalde negó que hubiera retenido contra su voluntad a los vecinos de la colonia El Mirador, de Villa Lázaro Cárdenas, y La Uno, perteneciente a Venustiano Carranza. El presidente municipal pretextó que los pobladores se negaron a abandonar la sede del ayuntamiento donde permanecieron encerrados desde el 10 de agosto a las 10 de la mañana, hasta después del mediodía de ayer.
Durante ese tiempo, los hombres y mujeres –lavanderas de ropa ajena, chapeadotes de potreros y campesinos en pobreza extrema– tuvieron que abastecerse de comida y agua que sus familiares y conocidos les suministraban, sorteando una barda, aventándoselas desde la calle.
El organismo apologista de las garantías individuales emitió ayer un comunicado que se transcribe íntegro a continuación: “A través de algunas notas periodísticas que se publicaron el 12 de agosto del año en curso, en donde se menciona al presidente municipal de Venustiano Carranza, como presunto violador de derechos fundamentales de un grupo de vecinos, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado inició una investigación de oficio.
“La Dirección de Quejas de la CDH, asignó el número de expediente 7680/2008C, con la finalidad de iniciar el trámite correspondiente, llevar a cabo todas las diligencias necesarias y en su momento emitirá la resolución correspondiente.
“Con esto el organismo público defensor de los Derechos Humanos, reafirma su compromiso con la comunidad poblana, para estar pendientes de cualquier acto que implique una posible violación de sus derechos elementales”.
Por su parte, el edil Vicente Valencia Ávila, expresó: “En ningún momento los tuve secuestrados, ellos los pueden corroborar. Como manifestantes tienen derecho en un momento de irse a manifestarse a la presidencia, ellos allí se mantuvieron pero en ningún momento los tuve secuestrados, la puerta siempre estuvo sin seguro y ahora ya llegamos a un arreglo pacífico” (sic).
“No hay ningún problema –abundó– lo quiero aclarar, nada más fue falta de comunicación porque el domingo llegó la presidenta del comité de obras con algo de gente y yo le pedía por favor que lo dejáramos para hoy (martes) que iba a ir el licenciado de la Procuraduría Agraria y veríamos cómo está el terreno, para que el municipio acepte la donación del donante para la obra prioritaria y necesaria para la colonia El Mirador, que va a beneficiar unas 400 familias y otras colonias. La inversión podría ser de un millón y medio o dos millones y entrará el gobierno federal, estatal municipal” (sic).
Cuando se le adujo que la gente estuvo encerrada y no tenía que comer, el edil replicó:
“Mis respetos para la ciudadanía y los medios de comunicación, pero en ningún momento hubo gente secuestrada. Gire instrucciones ala gente que quisiera salir, pero no que nadie entrara, así que ellos no quisieron salir hasta llegar a un acuerdo” (sic).
Por su parte, la dirigente de los inconformes, Elizabeth Hernández Cercas, expresó que el munícipe: “El domingo dio la orden para que el personal del ayuntamiento saliera (y que le metieran candado a las puertas. Nosotros, pues realmente, estábamos custodiados por la policía, tanto por el frente de la presidencia como por la parte trasera. Es cierto, se están limado asperezas, pero que cada parte cumplamos y juguemos leal para trabajar”.
