El alcalde del municipio de Venustiano Carranza, Vicente Valencia Ávila, retuvo a unas 50 personas, por más de 48 horas, por el simple hecho de que se presentaron a la sede del gobierno local a pedir que se construya un sistema de agua potable y drenaje que ya está autorizado por la Comisión Nacional del Agua. A lo largo de este tiempo, los afectados no solamente sufrieron la presión de estar privadas de su libertad, sino se les negó la alimentación y agua potable.
En menos de un mes, en el estado de Puebla se han conocido un par de actos de barbarie de ediles. El primero ocurrió en Tlacotepec de Porfirio Díaz, en donde el alcalde Esteban Gorgonio Merino Mendoza permitió que policías emboscaran y casi mataran al legislador José Manuel Pérez Vega. Y ahora en Venustiano Carranza, el presidente en lugar de atender a un grupo de vecinos de la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas, los amedrentó y encerró como si fueran delincuentes.
Estas actitudes muestran, una vez más, que muchos alcaldes tienen la concepción de que el cargo que ostentan les permite actuar como virreyes en sus municipios, desconociendo los ordenamientos legales que los obligans a atender las demandas ciudadanas, respetar los derechos humanos de todos sus gobernados y dar un correcto uso a los recursos públicos.
El problema de fondo es que ni el Congreso ni la Secretaría de Gobernación son instancias que estén mostrando la capacidad para vigilar que los alcaldes se ciñan a la ley. Al contrario, ambas instancias, generalmente, se dedican a no escuchar las quejas ciudadanas contra autoridades municipales, lo que aumenta los abusos de los alcaldes.
