Todo acto que afecte la vida de las personas resulta lamentable, como lamentable es que sólo cuando afecta a la cúpula financiera del pais, el presidente de la República tome cartas en el asunto.
Al dirigirse al país, para señalar que ha enviado una nueva iniciativa de reforma para que se castigue el secuestro con prisión vitalicia, el presidente Felipe Calderón comienza con un mea culpa “los gobiernos no hemos respondido”.
La acción del presidente es el reconocimiento del fracaso que la administración panista ha tenido en el área de justicia: La militarización no ha sido la solución en el combate a la delincuencia organizada, ni tampoco el fortalecimiento e integración de la policía en un sólo mando.
Lo que el presidente no se atreve es a reconocer que gran parte del problema está en la corrupción que impera en las estructuras e instituciones que administran la justicia, ahí el dinero sigue siendo el valor fundamental.
Las policías municipales y estatal, pero también los ministerios públicos, los tribunales, las procuradurías de Justicia no logran transformar su actividad en un servicio y menos aun en hacerlo claro, transparente, además de pronto y expedito.
Caen tres bandas de secuestradores integradas por tlaxcaltecas, aparece el cadáver de un comerciante secuestrado, los lenones siguen siendo parte de la vida en las comunidades, pero de ello la Procuraduría no tiene conocimiento.
La sociedad tlaxcalteca asume como normal el convivir con la delincuencia organizada, siempre y cuando su actividad no altere la vida de su entorno. Las autoridades, por su parte, desconocen todo lo que sucede, hasta que no aparece en los medios. La corrupción les permite vivir en otro mundo.
