Una amenaza del presidente auxiliar de San Juan Atzingo terminó en homicidio luego de que los policías de esa comunidad, perteneciente a este municipio, golpearon salvajemente a Roberto Romero Rosas, de 88 años, quien días después perdió la vida en un hospital. Hasta el momento el alcalde municipal se niega a reparar el daño.
Paulina Romero Solís denunció que el pasado 29 de junio su padre, Roberto Romero Rosas, fue detenido, sin motivo alguno, por elementos de la Policía Auxiliar de Atzingo, quienes lo sometieron a base de golpes, a pesar de que no representaba ningún peligro para ellos pues el hombre contaba con 88 años de edad.
Manifestó que el fondo del problema fue el deseo del presidente auxiliar, Celestino Huerta Escobar, de apoderarse de un terreno propiedad de la familia de Roberto Romero, por lo que al saber que no cederían lanzó amenazas contra ellos, sobre todo contra el papá.
El día de los hechos, narró Paulina, acudieron a una fiesta; sus padres salieron antes y fue en ese instante cuando policías auxiliares los siguieron varias cuadras y luego detuvieron, con violencia, al hombre de 88 años, quien al ser liberado, el primero de julio, presentaba golpes severos en todo el cuerpo lo que obligó a hospitalizarlo.
Pese al esfuerzo de los médicos por ayudarlo, Romero Rosas, falleció el siete de julio debido a que su cuerpo no resistió más. La familia se encuentra, desde ese día, pidiendo que el alcalde auxiliar y el presidente municipal, Raúl Hernández Martínez, procedan contra los policías y, por lo menos, paguen los gastos de atención y funerarios.
Ante la indiferencia y encubrimiento de la autoridad municipal los deudos pidieron apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de San José Miahuatlán cuya presidente, Martina Yolanda Cortés Márquez, dio a conocer que tomaron conocimiento del caso y el primer avance fue la denuncia penal contra los policías y los autores intelectuales del homicidio.
También adelantó que se encuentran integrando el expediente para que se interponga la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se investigue el proceder de los uniformados, pero también el del edil auxiliar y del alcalde de Chilac quien se niega a brindar apoyo a la familia del difunto.
Confió en que las autoridades ministeriales cumplan con su trabajo y no incurran en actos de complicidad por tratarse de una acusación contra funcionarios públicos y, sobre todo, porque se trata de autoridades emanadas del Partido Revolucionario Institucional.
