Más allá de los resultados, la consulta ciudadana que se celebró este domingo en Puebla para opinar sobre el destino que debe darse a Pemex es un ejercicio que debe ser evaluado en su justa dimensión como una muestra de organización de parte de quienes lo convocaron y, además, como una reivindicación de los derechos ciudadanos en asuntos que son de riguroso interés público.
No es menor que, al haberse computado el 50 por ciento de las casillas, se haya superado la meta de votantes –se calcula que acudieron a las urnas más de 56 mil personas– y se hubiera cubierto el 85 por ciento del territorio estatal. Ambos resultados destacan porque se lograron al margen del apoyo institucional, que además se dedicó a denostar el ejercicio democrático.
En efecto, desde diversos órganos de poder, como la presidencia de la República y los medios y partidos que le son afines, se ha soslayado y descalificado la consulta con la falacia de que la gente común y corriente –los hombres y mujeres de calle que aportan día a día su esfuerzo y recursos a la constitución de la República– ni siquiera saben lo que está en juego y, en todo caso, sus sufragios no tendrán impacto en lo que el Congreso de la Unión determine para la paraestatal.
Quienes han esgrimido esas argucias no exhiben otra cosa que su talante autoritario y elitista y el temor que les genera que la sociedad vaya abriéndose los espacios de participación y expresión que desde las altas esferas se le han negado.
Lo importante ahora es consolidar estas consultas para que, por principio de cuentas, se repliquen en otros ámbitos y tópicos de interés público y además el instrumento se institucionalice con el fin de que logre repercusiones legales en la toma de decisiones de las autoridades.
