La reestructuración de instituciones de impartición de justicia como la Procuraduría General de la República (PGR), es una de las acciones acordadas por México y Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, indicaron funcionarios del Departamento de Estado del vecino país del norte. En el plan se determinó construir una estrategia que permitirá eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección a cárteles.
La Ley 2642, en la que están integrados los fondos de la Iniciativa Mérida, detalla que en un plazo no mayor de 45 días a partir de la promulgación de ésta, el secretario de Estado norteamericano, previa consulta con las autoridades de México, deberá presentar por escrito ante el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos un pormenorizado plan de la futura aplicación del presupuesto, así como las metas que se pretenden alcanzar en el año fiscal 2009.
Además, establece que 15 por ciento del monto total aprobado no podrá estar disponible para México hasta que el secretario de Estado norteamericano informe por escrito al Comité de Apropiaciones que las autoridades mexicanas haya mejorado la transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas policíacas en los tres niveles, incluyendo la creación de comisiones de quejas contra policías, las cuales deberán tener independencia para recibir quejas y realizar las investigaciones correspondientes.
Las condiciones e imposiciones crecen. Debe recordarse que el Senado estadunidense pretendió imponer ya, por vía de la Iniciativa Mérida, una serie de condiciones que planteaban serios reveses a la soberanía nacional, entre los que se encontraban la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, de la aplicación de “reformas legales y judiciales”, y el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas, a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”. Tales condicionamientos son una versión actualizada de los procesos de “certificación” de la década pasada.
De manera formal, las expresiones injerencistas se borraron del texto de la Iniciativa Mérida, pero permanecieron intactos otros elementos que, es de suponer, generan una dependencia creciente de nuestro país con respecto a la nación vecina en materia de seguridad. Además se da el caso del abastecimiento de equipos de alta tecnología, como los que Estados Unidos entregará a México, y que implican tres líneas de dependencia inevitable: en entrenamiento y capacitación del personal que los opera, en abasto de piezas y refacciones y en mantenimiento.
Es de suponer que, para efectos de la operación de esos equipos, será obligada la llegada de militares estadunidenses y que su presencia en las instalaciones de las dependencias policiales y del Ejército facilita a las autoridades extranjeras la recopilación de información estratégica que no debiera salir del país.
Otra vertiente de esa dependencia es la política, que implica la rendición de informes periódicos en materia de las acciones de seguridad en el contexto de la Iniciativa Mérida. De allí que sea obligado cuestionarse si lo que persigue la Casa Blanca es en efecto la cooperación de las autoridades mexicanas, en el marco de un acuerdo bilateral en el que se respete la soberanía de ambas naciones, o bien si lo que Washington pretende es la supeditación del gobierno mexicano a sus designios como parece estar aconteciendo con la política de seguridad pública federal.
