El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció que mandará al Poder Legislativo una iniciativa en materia de seguridad pública para que los responsables del delito de secuestro sean sentenciados a cadena perpetua. El gobierno del estado de Puebla se sumó a esa propuesta al considerar que es necesaria para poder combatir el crimen organizado.
Las propuestas de endurecer las penas contra secuestradores son resultado de un par de hechos de violencia que conmovieron a la opinión pública nacional. La respuesta de las autoridades ante esos sucesos es la misma que ha habido en otras ocasiones, que es anunciar mayores condenas para los responsables de los ilícitos más crueles.
La solución al creciente problema de la inseguridad pública no radica en endurecer las penas; esa es una medida que no resuelve nada. Lo que se debe solucionar es el ineficiente sistema de procuración e impartición de justicia, el cual es ineficiente y no es confiable, ya que sus integrantes en muchas ocasiones son quienes encabezan a las bandas delictivas, se dedican a brindar protección a los responsables de los ilícitos o no pueden detener a los responsables de crímenes.
Tampoco con la simple modernización de cuerpos policiacos e instituciones dedicadas a impartir justicia se resolverá la ola delictiva que está presente en muchas partes del país. Mientras se siga ensanchando la desigualdad social en México, no se podrá reducir el número de ilícitos ni la violencia y los conflictos de gobernabilidad que son, en parte, resultado de que amplios núcleos de la población no tienen oportunidades de un adecuado desarrollo social.
