Lic. Aurelio Fernández Fuentes
Director del periódico
La Jornada de Oriente
Respecto a las notas publicadas en su pres-tigiado diario los días 6 y 7 del presente, que aluden a la Delegación Federal del Trabajo en el estado, me permito hacer las siguientes precisiones:
Primero, aclarar que en esta Delegación Federal del Trabajo no se hostiga a ningún servidor público, muchísimo menos a los inspectores que son los responsables de velar por los derechos laborales. Incluso, de todos los funcionarios que desempeñan esa actividad sólo unos cuantos han manifestado la exis-tencia de supuestas violaciones a las prestaciones que tienen derecho y que en todo mo-mento se han respetado. De hecho, no existe an-tecedente alguno de que en esta Delegación se haya presentado una situación similar.
Ahora bien, desde el momento en que es-tos inspectores han decidido hacer valer su derecho ante la autoridad jurisdiccional, es en estos procesos donde se tendrán que acreditar las supuestas violaciones a las que hacen referencia y presentar las pruebas que así lo acrediten y no pretender litigar estos asuntos a través de los medios de comunicación a base de puras acusaciones sin sustento. Esta Dependencia habrá de defender lo que a su derecho corresponda y habrá de acreditar las razones que le asistieron en su actuar. Tengo la seguridad de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje habrá de darnos la ra-zón jurídica.
Segundo, en las notas de los reporteros Carla Toledo y Fermín Alejandro García, se le atribuyen declaraciones a Patricia Reyna y Ricardo Aguirre Beltrán, representantes legales de los inspectores quejosos, en el sentido de que en este año no se han realizado inspec-ciones de condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo de Puebla. Este dato es por demás falso, pues durante el período de enero a julio se han realizado 400 inspecciones a empresas que han sido seleccionadas con base en el mecanismo aleatorio establecido por la norma. Particularmente, duran-te este año se hicieron inspecciones a las 10 empresas consideradas como las de más alto riesgo, según el catálogo del IMSS.
Quiero reiterar que estás inspecciones se realizan con todo rigor y apegadas a la normatividad federal aplicable.
Mucho le agradeceré se sirva publicar la presente aclaración.
Carlos Ortiz Rosas
Delegado Federal del Trabajo en Puebla
Respuesta de los reporteros
Señor director, acerca de la misiva del se-ñor Carlos Ortiz Rosas, es necesario responder lo siguiente:
1. El texto del funcionario es contradictorio, ya que por un lado niega el conflicto, lue-go lo reconoce y por último dice que lo va a ganar. Es importante señalar que éste no es asunto menor, ya que el malestar y litigio la-boral proviene de siete de los nueve inspectores que tiene la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
2. Los trabajadores en ningún momento han buscado litigar a través de los medios de comunicación, ya que el recurso legal que in-terpusieron contra la STPS se encuentra en un tribunal laboral desde hace un año. Lo único que hicieron fue dar a conocer lo ocurrido, derecho que les otorga el artículo 6 de la Constitución. Pero en la visión retrógrada de Carlos Ortiz Rosas no es válido difundir in-formación de lo que sucede en una institución pública. Eso explica por qué el delegado se escondió cuando un periodista de La Jorna-da de Oriente lo buscó para solicitarle una en-trevista en torno al conflicto de los inspectores.
3. En su carta no explica Carlos Ortiz có-mo es posible que estando inactivos siete de los nueve inspectores de la delegación de la STPS, se hayan podido realizar tantas inspecciones a empresas como él dice. Es evidente que si no lo hizo este personal, entonces esas revisiones no se ajustan a los ordena-mientos legales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Atentamente
Carla Toledo y Fermín García
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