Una de las funciones básicas que debería realizar la delegación en Puebla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es supervisar la seguridad de instalaciones industriales, sobre todo de aquellos lugares que utilizan sustancias o equipos peligrosos; sin embargo, por el conflicto laboral que priva en esa dependencia, consistente en que se eliminaron prestaciones sociales a los inspectores de la STPS, se dejaron de realizar las verificaciones en cuestión.
Esta situación es de suma gravedad, no solamente porque la delegación de la STPS está dejando de cumplir con disposiciones legales que está obligada a acatar, sino porque al no existir revisiones a instalaciones industriales seguramente muchas fábricas se han convertido en auténticas bombas de tiempo que ponen en riesgo a sus trabajadores y a la población en general.
Lo que pasa en la STPS debe servir para al mismo tiempo revisar qué está pasando en otras delegaciones del gobierno federal, y en la mayoría de ellas es posible encontrar que existe un proceso de desmantelamiento de los equipos de trabajo, y eso les impide cumplir con sus funciones primordiales. Un ejemplo claro es lo que pasa en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde se quiere correr a expertos en la materia y en su lugar se busca nombrar a personas que son ajenas al desarrollo de las comunidades indígenas.
Tal parece que estos cambios obedecen a que al gobierno federal no le interesa cumplir con sus planes de desarrollo, sino que sus delegaciones sean centros de operación electoral a favor del Partido Acción Nacional, sobre todo cuando este instituto político tiene amplias posibilidades de perder los comicios del año entrante.
